Mediante un juicio abreviado, las personas acusadas recibieron penas de 4 a 6 años de prisión por el delito de almacenamiento de estupefacientes agravado. La operación se organizaba desde la cárcel Federal de Salta.
Un varón y dos mujeres -hermanos- y la pareja de una de ellas fueron condenados en el marco de un juicio abreviado que fue homologado por el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen.
Las condenas recayeron sobre Diego Armando, Fabiana Andrea y María Elena Alvizu, quienes recibieron la pena de 6 años de prisión en calidad de coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
En tanto, Fabio Iván Alba, pareja de María Elena Alvizu, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por el mismo delito, pero en calidad de partícipe secundario. Asimismo, se dispuso el decomiso de 1.220.000 pesos, un automóvil Fiat Cronos y un Ford Mondeo, entre otros bienes secuestrados.
El fiscal federal Federico Zurueta, de la Unidad Fiscal de Jujuy, y la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Regional NOA, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se formalizó el acuerdo arribado con las defensas de los respectivos imputados.
El caso fue impulsado por el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias y por el fiscal general Eduardo José Villalba, responsable de la PROCUNAR NOA y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy. La investigación permitió desactivar el accionar de esta incipiente organización narcocriminal.
Al presentar el caso, Gamba Cremaschi explicó que la investigación surgió como una secuela de pesquisas realizadas en torno a Policarpio Flores, un recluso que fue condenado a 8 años de prisión el 24 de junio pasado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, por dirigir operaciones de tráfico de droga.
La droga era comercializada entre pequeños revendedores y la organización recaudaba importantes sumas de dinero: financiaba la adquisición de vehículos, propiedades e incluso fiestas populares, para lo cual contrataba reconocidas bandas de música.
Flores, quien lideraba esta actividad desde su celda en la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, había realizado ciertos contactos con revendedores en Jujuy, por lo que se decidió avanzar sobre esa línea investigativa, que permitió descubrir el accionar de una organización narcofamiliar con una estructura aún mayor.
Mediante tareas de campo y de inteligencia criminal, se pudo identificar al clan Alvizu, el cual era liderado por Norma Chavarría, al menos, hasta el 4 de julio pasado, cuando falleció junto a su hijo Gustavo Alvizu en un accidente vial ocurrido en la ruta 9, entre las localidades jujeñas de Tumbaya y Volcán.
De acuerdo con la investigación, en esa ocasión Chavarría y su hijo se dirigían a La Quiaca a encontrarse con un proveedor de droga procedente de Perú, a quien le iban comprar una importante cantidad de droga, pues en el automóvil Ford Mondeo, en el que viajaban, se encontró una suma de 1.020.000 pesos.
Este fatal desenlace provocó un cambio de liderazgo en la organización: Diego Alvizu, de 34 años, se erigió como nuevo jefe. Su primera acción se centró en la recuperación del dinero que llevaba su madre, situación que generó una gran preocupación entre los descendientes.
En la pesquisa pudo saberse que, luego de ello, comandó los negocios consistentes en la obtención de droga del Estado Plurinacional de Bolivia a través de distintos proveedores, para almacenar el estupefaciente en distintos domicilios, tanto en San Pedro como en San Salvador de Jujuy.
La droga era comercializada entre pequeños revendedores (dealers), con lo cual la organización recaudaba importantes sumas de dinero: financiaba la adquisición de vehículos, propiedades e incluso fiestas populares, por ejemplo, en tiempo de carnaval, para lo cual contrataba reconocidas bandas de música.
Toda esta actividad, según lo explicado por la fiscalía, fue documentada a lo largo de la investigación a raíz de tareas de campo, como seguimientos y toma de fotografías de los movimientos de la familia. De esa forma, se estableció el rol de cada uno de los acusados.
La auxiliar fiscal sostuvo que Diego Alvizu era quien llevaba adelante las negociaciones con los distintos proveedores tanto por vía telefónica como de manera presencial. En algunas operaciones, en tanto, solía tener la función de “barredor”, consistente en alertar sobre la presencia de controles de fuerzas de seguridad en la ruta.
La investigación surgió como una secuela de pesquisas realizadas en torno a Policarpio Flores, un recluso que fue condenado a 8 años de prisión el 24 de junio pasado.
La representante del MPF añadió que Fabiana Alvizu, en tanto, era la encargada de la logística y el transporte de la sustancia, la cual se realizaba con distintos vehículos del entorno familiar. Bajo su dirección se disponía también la confección de permisos de circulación, entre otras tareas.
Para la fiscalía, María Elena Alvizu y su pareja Alba, en tanto, eran responsables del acopio de la droga que era adquirida, tanto en su respectivo domicilio como en otros inmuebles que alquilaban, o bien utilizaban viviendas que la organización ya había adquirido para tal fin.
Gamba Cremaschi recordó que, una vez establecido el rol y alcance de las actividades ilícitas, la fiscalía solicitó los allanamientos y detenciones de todos los acusados, que se concretaron el 1° de agosto pasado, tarea de la cual participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Producto de los procedimientos, se logró la detención de las cuatro personas imputadas y el secuestro de poco más de 6 kilos de marihuana, distribuida en tres domicilios; una cantidad menor de cocaína; y varios elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, entre ellos balanzas digitales y una maquina para contar billetes.
Reflejado el accionar de esta organización, la fiscalía informó al juez que las defensas de los acusados habían arribado a un acuerdo de resolución de conflicto mediante un proceso de juicio abreviado, oportunidad en que se dieron a conocer las condenas acordadas.
Las defensas técnicas y los y las acusados y acusadas reconocieron su responsabilidad penal en el caso presentado por la fiscalía. Ante ello, el juez Hansen homologó el acuerdo, dispuso las condenas y también el decomiso del dinero y de los vehículos secuestrados.