La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de ATE con una medida cautelar a partir de una demanda que apunta contra la orden del Ejecutivo de desconocer a personas contratadas.
El gobierno de Javier Milei sufrió su primer revés en la Justicia a favor de la reincorporación de trabajadores despedidos por la nueva administración. De esta manera, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de uno de los gremios estatales, ATE, y demandó la inmediata vuelta a su puesto de una de las personas cesanteadas que habían ingresado a la administración pública nacional a través de un convenio especial. El caso podría abrir la puerta como antecedente para otras decisiones similares en los amparos presentados.
«Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional», señaló el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado. De esta manera celebró la medida cautelar dispuesta por la Justicia laboral hasta tanto se resuelva la sentencia definitiva.
De dicha manera, celebró que la Justicia pidió la reincorporación de trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la estructura pública nacional, indicando su inmediata vuelta a los puestos de trabajo.
Para el líder de ATE, este paso significa que la Justicia comienza a dar la razón y demuestra «la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración».
«La importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de control de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas», afirmó Aguiar.
Desde ATE, esperan que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.
«Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores», apuntó Aguiar.
La Justicia falló a favor de un trabajador que presta servicios en ANSES desde marzo del 2021 y que el pasado 21 de marzo del 2024 no tuvo su renovación de contrato. En este sentido, el fallo de la Cámara sentaría un precedente «en la lucha por el respeto al cupo».
«En el marco descripto, idóneo para estructurar un ciclo de violencia institucional, desigualdad estructural y absoluta vulnerabilidad sobre el colectivo bajo estudio, emerge evidente la necesidad de abordar sus carencias mediante políticas públicas de impacto holístico, pues ingenuo resultaría procurar la mejora de los índices de empleabilidad cuando otros derechos económicos y sociales son violentados de manera sistemática», advierten los jueces en su fallo.
De esta forma, el extenso fallo reconoce «la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural». Y la importancia de mantener activo este cupo determinado por ley.