El aborto legal, su posterior denuncia, la detención de la médica que hizo la práctica, su liberación, el abogado denunciante, otro médico denunciado, y la máquina de propaganda política montada alrededor de algunos personajes fundamentalistas religiosos, es la foto de una Salta retrógrada que todavía tiene eco en buena parte de la sociedad.
El aborto es legal en Argentina, punto, si es ley se cumple, y eso es lo que pasó en Tartagal con una joven de 21 años que decidió interrumpir su embarazo. A estas alturas eso no debería ni ser noticia, pero grupos fundamentalistas religiosos se están encargando de que cada práctica que se realice en Salta sea un tormento para las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo y sobre profesionales de la salud que llevan adelante la práctica tal y como el protocolo establece, no como se hacían antes de forma clandestina generando importantes ingresos, clandestinos obvio, para algunos profesionales de la parte privada de la salud (y que sospecho que algunos además ahora se convirtieron en objetores de conciencia para no realizar los procedimientos de forma legal y transparente).
El modus operandi de este grupo de fanáticos tiene como único objetivo amedrentar a profesionales de la salud y a mujeres, para impedir cualquier tipo de interrupción legal del embarazo, lo que se constituye en una práctica claramente extorsiva y violatoria del derecho que tienen las mujeres a acceder a un aborto de forma gratuita, en el sistema de salud tanto público como privado, legal (y hay que aclarar hasta que les duela que es legal) y de forma segura.
Estos fanáticos, encabezados por personajes como Cristina Fiore y Andrés Suriani, tienen detrás a una horda de otros fundamentalistas que se suban a ese tren, y además abogados dispuestos a hacer cuanta denuncia sea posible, siempre presionando a las familias de las mujeres que se realicen la práctica o a los supuestos progenitores. Incluso son capaces hasta de extorsionar a las mujeres que deciden abortar para efectuar las denuncias que sean necesarias.
Lo que sucedió en Tartagal es un claro ejemplo de ello. Apelando a una mentira Fiore y Suriani organizaron una movida de escrache a la doctora Miranda Ruiz sosteniendo que la mujer fue obligada a abortar. Para desmoronar esa mentira sólo es necesario tener información: La interrupción legal del embarazo se realiza previa firma de un consentimiento informado por parte de la paciente, que luego debe tomar una pastilla, Misoprostol, que debe poner debajo de su lengua por una media hora antes de tragarla.
Tanto Suriani como Fiore seguramente desconocen, a propósito, como se realiza la práctica, y cuantas pastillas debe tomar la mujer, porque ello depende del tiempo de gestación, pero en sus cabezas les resulta más fácil imaginar a Miranda Ruiz sosteniendo a la paciente por más de media hora, para obligarla a tener una pastilla debajo de la lengua por media hora y haciéndosela tragar de prepo. Un guion digno de alguna serie de suspenso, pero ello les alcanza para hacer la denuncia y para también amedrentar a un Poder Judicial que aún decora con crucifijos sus despachos y estila cerrar los escritos con el clásico “Dios guarde a usted”, porque el laicismo en Salta todavía parece ser una utopía.
En Tartagal se suma otro dato: El abogado que lleva adelante la denuncia contra Miranda Ruiz es el mismo abogado que defiende a un médico del Hospital Juan Domingo Perón, que fue denunciado por Ruiz por abuso sexual. Causa que, abogado y justicia mediante, está estancada.
Lo preocupante de este dato es que Ruiz es la única médica en Tartagal que no es objetora de conciencia, el médico denunciado públicamente lo es, trabaja en la parte pública y también en la privada, y la denuncia que pesa sobre él sostiene que una menor fue a pedirle una interrupción del embarazo y la respuesta de este profesional a fue que la niña debía darle o 20 mil pesos o debía tener sexo con él 3 veces a la semana, y abusó de ella. Sobre esto Ruiz se preguntó, en una entrevista televisiva concedida a VideoTar, “¿Cómo puede ser que un ginecólogo en uso de funciones abuse de las mujeres y no haya un principio precautorio para protegerlas?”.
Todo hace suponer entonces que lo que pretende este grupo, bien organizado, con recursos humanos, financieros y de comunicación a disposición, es no sólo amedrentar a todos cuantos puedan, pero en el caso puntual de Tartagal también dejar sin la única médica no objetora para que así no se pueden realizar abortos legales en el Departamento San Martín y zonas de salud de influencia del Hospital Juan Domingo Perón, lo que se constituye en un peligro para garantizar los derechos de las mujeres, pero además para la democracia misma, porque, vamos a seguir insistiendo aunque les moleste, el aborto está garantizado por Ley, y si es Ley se cumple y el trabajo de su militancia sería, en todo caso, buscar los soportes institucionales o para modificar la ley, o para que la Educación Sexual Integral se dé en todos los ámbitos posibles y podamos velar para que no hayan embarazos no deseados, por ejemplo.
Pero no, prefieren poner todos sus recursos en hostigar, apretar, amedrentar a todos cuántos puedan.