Con el objetivo de optimizar la gestión de pagos de las cuotas de las viviendas entregadas por el Estado, buscarán que la Secretaría de Justicia intervenga y evite judicializar las causas.
Por el alto porcentaje de morosidad en la provincia, el presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Gustavo Carrizo rubricó un convenio marco de cooperación con el secretario de Justicia Diego Pérez con el propósito de incorporar una alternativa previa a la judicialización de la desadjudicación de una vivienda por falta de pago.
Carrizo dio a conocer que actualmente la morosidad llega al 41% en la provincia y que a pesar de las intimaciones y facilidades de pago que se brindan a los adjudicatarios no se logra bajar ese índice. Si a través de la mediación no se llega a un arreglo, el caso será judicializado.
«Ponemos a disposición esta herramienta de mediación para los vecinos adjudicatarios de viviendas que se encuentran en morosidad y darles la posibilidad de acordar una forma de pago a través de este proceso participativo y así evitar la judicialización», indicó Pérez.
La ley del IPV establece que la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas son causales de revocación. Es con ese segmento de adjudicatarios que el organismo provincial pretende acordar por medio de mediadores que actuarán de manera imparcial como facilitadores y conductores de la comunicación.
Durante el acto administrativo, Carrizo mencionó que se busca una solución que beneficie a ambas partes por lo que se brindará un recurso ágil y gratuito para la resolución de la controversia por medio de los 60 Centros de Mediación Comunitarios que dispone la Provincia.