La Justicia rechazo dictar una cautelar ante el pedido de la empresa Telecom de suspender el decreto de necesidad y urgencia que declara servicio público esencial a este rubro.
La Justicia rechazó este viernes un planteo de Telecom para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable y estableció una prestación básica universal y obligatoria.
De esta manera la telefonía continuará como servicio público esencial a partir del decreto del Ejecutivo nacional firmado en plena pandemia y que posteriormente fue ratificado por el Congreso.
La decisión fue del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta norma y resoluciones vinculadas con los aumentos de tarifa.
«Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante», concluyó el juez en relación con el decreto de necesidad y urgencia 690.
En el fallo se refirió así a la resolución 95/2020 por medio de la cual el Senado de la Nación determinó la validez del Decreto.
Telecom, «más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía», analizó el fallo que podrá ser apelado ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
El decreto de necesidad y urgencia fue dictado «en oportunidad que se encontraba vigente el ‘Aislamiento social, preventivo y obligatorio’, es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC». y en el marco «de crisis sanitaria y social» por la pandemia de coronavirus, remarcó la sentencia de primera instancia.
Tanto el decreto como dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también cuestionadas por Telecom, las 1466 y 1467, «fueron dictadas en el marco de la pandemia mundial del SARV-COV-2 que produjo una crisis mundial, que afectó a todos los ciudadanos, por ello la finalidad del régimen mencionado es la protección del ejercicio de publicar ideas; de profesar libremente el culto; de enseñar y aprender; conectar, comunicar -entre otros derechos-, es decir garantizar los derechos humanos».