Las multas de Aduana a las empresas se sextuplicaron en 6 meses. Hubo más de 33 mil operativos, sobre todo con foco en las importaciones, por las maniobras de subfacturación. Buscan sumar tecnología para agregar más controles al comercio exterior.
El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, realizó multas por más de u$s 1.000 millones en tan solo un semestre por maniobras en el comercio exterior, tanto de sobre facturación de importaciones como subfacturación de exportaciones. Si bien Economía asegura que la solución es bajar la brecha cambiaria que está en 100% desde hace tres años, en el mientras tanto desde la Aduana, organismo que encabeza Guillermo Michel, avanzan en multas, denuncias, nuevos controles en los puertos y cambios en el sistema importador SIRA.
Según un informe de Aduana al que accedió Ámbito, las multas en operaciones de comercio exterior se sextuplicaron, si se compara lo ocurrido en el segundo semestre del 2022, versus el primer semestre del mismo año. La cantidad de operaciones realizadas entre julio y diciembre fueron 33.150, un aumento del 135%, dado que entre enero y junio las operaciones habían sido 14.134. Son denuncias contenciosas y penales y cargos suplementarios.
Las más de 33 mil operaciones estuvieron focalizadas en importaciones: allí hubo 26.953 operativos (81%), mientras que el restante fue en exportaciones. En el semestre anterior, las operaciones analizadas en importaciones habían sido menos de la mitad: 10.956.
En los últimos meses del 2022, el monto de los fiscalizado ascendió a u$s 4.747 millones. Mientras que las multas aplicadas fueron de u$s 1.018 millones, un 667% más que el semestre anterior, cuando se habían aplicado multas por u$s 133 millones. Lo que más aumentaron fueron las multas en exportaciones, en un 4476%. Empresas exportadoras debieron afrontar multas por u$s 613 millones, mientras que las importadoras por u$s 405 millones.
Los rubros donde se efectuaron la mayor cantidad de acciones legales fueron minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos. El denominador común en los casos fue la triangulación comercial “nociva”, con facturas de compra emitidas sobre todo desde Estados Unidos. En menor medida, también por facturas realizadas desde Hong Kong, Uruguay y Panamá.
“Estas maniobras tienen el objetivo de constituir activos financieros en el exterior (moneda extranjera), aprovechando la brecha cambiaria”, afirmaron desde Aduana. Para realizar la fiscalización y detectar operaciones en forma “masiva”, se tuvieron en cuenta operaciones de triangulación, ventas sucesivas donde el tercer operador carece de sustancia económica, antecedentes y denuncias anteriores, porcentajes de derechos aplicables y el índice general de riesgo de las empresas.
Mientras Massa intenta bajar la brecha cambiaria a través de medidas macroeconómicas y financieras, como fue este miércoles la recompra de la deuda, la Aduana busca desde su lugar “evitar el egreso indebido de divisas”, o lo que la vicepresidente, Cristina Kirchner, llamó el festival de importaciones. En agosto, cuando asumió Massa, lo que se buscaba con estas medidas, difundidas ampliamente en los medios, era generar una “percepción de riesgo”. Cinco meses después, desde Aduana aseguran que se pudo generar eso entre las empresas.
De hecho, lo ven con el tema de las cautelares que ponían las empresas para poder importar. En los últimos dos años, se generaron 3.146 medidas cautelares vinculadas al sistema de importaciones anterior, llamado SIMI, por un monto de u$s 2.521 millones. Desde el Gobierno aseguran que lograron ganar esa batalla judicial, o hacer que las empresas desistan. Casi 100 empresas concentraban el grueso de las cautelares, la mayoría textiles y de electrónica.
La Aduana cuenta con 300 abogados, de los cuales 16 están “abocados” a este tema. “No dan abasto, están a cuatro manos”, comentó una fuente oficial. Uno de los motivos por los cuales las empresas desisten de presentar amparos judiciales es que, por el nuevo sistema importador SIRA, si salta en el sistema que hicieron “utilización abusiva” de cautelares, complica la operación. En Economía celebran que el SIRA, lanzado en octubre pasado, todavía no tuvo una cautelar favorable a las empresas.
Además, a Aduana busca avanzar en nuevos controles físicos. Por un lado, intimó a todos los puertos del país a que instalen un escáner gigante, una tecnología que puede costar unos u$s 6 millones, y que escanea 160 camiones por hora, cuando uno normal apenas llega a 30 camiones. Actualmente, solo se lo encuentra en la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, por donde circulan 800 contenedores por día, más de la mitad con mercadería de importaciones.
Con la intimación a los puertos, la Aduana busca llevar los escáner propios que tiene en los puertos privados a nuevos pasos fronterizos, donde no hay. Es el caso del paso Jama en Jujuy, donde se espera que circule gran cantidad de litio, y donde actualmente no hay escáner. La Aduana va a utilizar un préstamo del banco BID para las inversiones en estas tecnologías, que aseguran, no se actualizan desde el 2015. “Hay una falencia grande en tecnología e infraestructura, hubo falta de gestión”, admiten internamente.
Fuente: ambito.com