Cuando fue aprobada la ley nacional 27499, conocida como ‘Ley Micaela’, muchos pensamos que al fin los funcionarios y empleados públicos iban formarse en género, más allá que debieran formarse igual, sin que sea obligatorio, pensamos que algunos jueces y fiscales no iban a necesitar más de una denuncia para actuar y proteger víctimas de violencia, pero evidentemente no fue así, Úrsula denuncio 18 veces, Paola denuncio 17 veces, y ambas, al igual que otras 45 víctimas, fueron asesinadas en lo que va el año 2021. ‘Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación’, y sus réplicas a nivel provincial y municipal, dice la manda legal.
Según MuMala, el 29% de las victimas del año 2021 ya habían denunciado a su victimario, el 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y sólo el 4% disponía botón antipánico, el 94 % de los femicidas eran conocidos por las víctimas (64 % parejas y ex parejas) y el 70% de los femicidios se realizaron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida.
El espíritu de la ‘ley Micaela’ exige que dicha capacitación obligatoria para todos los agentes del estado, no solo debe darse para cumplir con el mínimo legal exigido, sino se debe controlar su evolución, porque en casos de violencia de género estamos en tiempos de dar lo máximo, no hay más margen para el error.
Si partiéramos de la premisa de que todas las áreas de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial y órganos descentralizados hayan realizado la capacitación que prevé la ley Micaela, dicha premisa, dichas capacitaciones, a la luz de los hechos resultaron insuficientes en muchos casos, por lo cual será necesario un monitoreo constante de la formación del agente público, en especial en las áreas públicas donde la victima deposita su vida.
El tiempo se acorta y debemos definitivamente erradicar la violencia machista, no hay margen para un error más, sin embargo, hace días atrás, 13 fiscales de Jujuy, en manada, a través de una conferencia de prensa, salieron al cruce de una denunciante de violencia de genero contra uno de ellos, empleada del ministerio, acusándola de realizar una falsa denuncia, como si la relación y acusación resultara asimétrica, o no bastara con una investigación seria para desestimarla si fuese falsa, claramente esta demostración del poder patriarcal, no resulta auspiciosa, sino todo lo contrario.
Por último, la capacitación de los agentes o funcionarios que deben velar y cuidar la vida de las víctimas denunciantes requiere, además, del uso de la tecnología necesaria. Días atrás leíamos la columna de Mariana Carbajal sobre el poco uso de la pulsera o tobillera o dispositivos duales, que se colocan en ambas personas, denunciante y denunciado, y permite monitorear la posición de cada uno y evitar el acercamiento a la denunciante, ‘…La Justicia usa menos del cincuenta por ciento de las pulseras o dispositivos duales disponibles actualmente en el país para monitorear a varones denunciados por violencia de género. Los jueces y juezas son quienes deben pedirlos y ordenar su colocación en los agresores para controlar si violan una restricción perimetral…’ afirma Carbajal.
En definitiva, el plexo normativo de protección de las mujeres contra la violencia de genero es amplio y variado, no debe haber una muerte más evitable, un acto más de violencia evitable, hay que hacer cumplir la ley, de esta manera podremos conmemorar el día internacional de la mujer, sin violencia, la única premisa válida.
En el ente ni siquiera hicieron la capacitación