La Cámara Federal de San Martín ordenó que la jueza federal de San Isidro envíe su expediente a la magistrada porteña, que ya había avanzado en la investigación por la cripto promovida por Javier Milei.
El escándalo por la criptomoneda $Libra, que involucra de forma directa al presidente Javier Milei, dio un nuevo giro judicial. Este miércoles, la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa quede en manos de la jueza federal María Servini, al declarar incompetente a su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. A partir de ahora, Servini concentrará el expediente principal del caso, y Arroyo Salgado deberá remitirle toda la documentación reunida hasta el momento.
La decisión no es menor: implica que el expediente más sensible que vincula al jefe de Estado con una presunta maniobra de estafa quedará radicado en los tribunales de Comodoro Py, epicentro de las causas de alto voltaje político. En su fallo, la Cámara no solo priorizó criterios jurisdiccionales, sino también investigativos: destacó que la jueza Servini ya había delegado la pesquisa en el fiscal Eduardo Taiano, quien había tomado medidas de prueba concretas antes del reclamo de Arroyo Salgado.
“El fuero federal porteño se encuentra en una posición procesal e investigativa más avanzada”, sostuvo el camarista Juan Pablo Salas, al explicar por qué el caso debía seguir bajo la órbita de Comodoro Py. También criticó, sin nombrarla directamente, la postura del juzgado de San Isidro, al señalar que allí se enfocaron solo en “un fragmento” de los hechos, dejando de lado aspectos que la fiscalía considera centrales para entender la posible maniobra delictiva.
La «difusión» de la cripto
El caso $Libra explotó públicamente cuando se conoció que el presidente Javier Milei había promocionado en redes sociales una criptomoneda detrás de la cual se encontraban empresarios cercanos al poder. Tras la publicación del tuit desde la Quinta de Olivos, surgieron denuncias por presunta estafa y uso indebido del cargo público. Una de ellas recayó en el juzgado de Servini, y otra en el de Arroyo Salgado. Esta última pretendía absorber el caso completo alegando que la publicación se habría hecho desde su jurisdicción.
Pero la Cámara fue clara: la primera denuncia ingresó en los tribunales porteños, donde además la causa ya mostraba avances concretos. En marzo, el fiscal Taiano había ordenado allanamientos en las casas de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, impulsores de la moneda digital, y del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, quien tras el operativo presentó su renuncia.
Ahora, con la causa unificada en el despacho de María Servini, Comodoro Py vuelve a ser el escenario principal de una trama que roza directamente al Presidente. La pregunta que flota en el ambiente judicial y político es si esta causa logrará avanzar con autonomía o si se sumará a la larga lista de expedientes que duermen al calor del poder.