El proyecto de Eramine y Tsingshan inaugurado en Salta demandó US$ 870 millones y la segunda etapa significaría otros US$ 800 millones pero reclamaron el RIGI, obras y que «no se cambien las regalías».
Eramine inauguró la primera planta de litio en Salta este miércoles y la cuarta de la Argentina, con la presencia de ejecutivos de la compañía, el Gobernador Gustavo Sáenz y la canciller Diana Mondino. El proyecto con una vida útil proyectada en 40 años entrará en producción en noviembre y demandó una inversión de US$ 870 millones.
La primera planta de litio de Salta tiene una capacidad para elaborar 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para abastecer a 600.000 baterías de autos eléctricos al año.
Durante el acto realizado a casi 4.000 metros de altura, Eramine y Tsingshan anunciaron que construirán una segunda planta con un desembolso adicional de US$ 800 millones !para llevar la capacidad a 30.000 toneladas». “Nos interesa hacerla en Centenario-Ratones también, a 70 kilómetros de la primera”, adelantó Christel Bories, CEO de Eramet, en una conferencia de prensa.
Sin embargo, fue enfática al reclamar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que se sancionó con la Ley Bases. “El proyecto fue pre-aprobado y ya gastamos dinero en los trabajos, aún prematuros. La aprobación definitiva está sujeta a los permisos de la provincia y la aplicación del RIGI. Queremos saber las condiciones por las que sería elegible en términos fiscales y económicos, y cómo será el entorno de negocio. La implementación del régimen tendría que bajar los costos de operación”, aseguró Bories.
“El programa incentiva inversiones futuras en este negocio intensivo por el nivel de capital que demanda. Pero a los inversores les interesa, sobre todo, la seguridad jurídica. Es un planta muy sofisticada, una apuesta riesgosa. Por eso, quieren poder repatriar las divisas. Es clave para tomar la decisión, saldar deudas y recompensar a accionistas”, explicó.
Teniendo en cuenta que inicialmente el litio producido se exportará a Asia –un 85% a China y el resto a Corea y Japón–, piden un tipo de cambio libre. “Hacemos pronósticos con estas reglas de juego. Cuando cambian, y lo hacen para peor, crean problemas para los inversores. Lo que les gusta a ellos es la estabilidad. Gran cantidad va a exportarse. Para reinvertir, tenemos que tener un tipo de cambio libre. La devolución del IVA es otro desafío”, remarcó Bories.
Según la minera, el impacto económico representará US$ 160 millones por año. Del total del desembolso, US$ 500 millones fueron para la construcción de la planta, que generó 2.500 puestos de trabajo, cubiertos en un 80% por salteños. Cuando esté operativa, empleará a 350 colaboradores directos y más de 1.200 indirectos.
Requirió también el armado de infraestructura: una pista de aterrizaje, caminos y un campamento para 7 millones de horas hombre de construcción. Con un precio que la empresa estima entre US$ 15.000 y US$ 20.000 por tonelada de LCE, espera un Ebitda de entre US$ 310 millones y US$ 315 millones.
En este sentido, Alejandro Moro, CEO de Eramine, reclamó obras de infraestructura porque «los caminos son muy malos». Destacó que se mantienen conversaciones para recuperar los servicios ferroviarios, que no sólo abaratarían costos sino que significarán seguridad al sacar camiones de las rutas».
«Necesitamos obras de infraestructura. Lo sabe la Provincia y también la Nación. Las condiciones son malas», subrayó.
Además, destacó que la provincia “se beneficia de la mano local y aportes que se pagan de forma directa”. “Salta ofrece seguridad jurídica con reglas de juego claras. Nuestra esperanza es que el Gobierno las mantenga para sentirnos cómodos”, al tiempo que señaló que la inyección es mayor al 3% estipulado por ley, por un acuerdo societario con Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa).