“Me produce vergüenza y bronca, y tengo que reaccionar como Gobernador de una provincia tabacalera”, manifestó el mandatario en alusión al impuesto al tabaco en el Capítulo Fiscal de La Ley Bases.
En declaraciones con Radio Rivadavia con la conducción de Marcelo Longobardi, el gobernador Gustavo Sáenz, ratificó su oposición a que se retire el apartado de La Ley Bases donde se realizaban modificaciones al Impuesto Interno al Tabaco.
El mandatario provincial confesó que se enteró de la decisión por los medios de comunicación, aseguró que lo desconcertó cuando una de las banderas de la administración libertaria es el poner fin a los privilegios, se privilegia a “una empresa que se auto percibe Pyme pero que factura 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares por año”.
A esto, agregó que desde el 2018, por distintos artilugios judiciales, no paga el Impuesto Interno al Tabaco y ello afecta a más de 200.000 personas que conforman una economía regional importante para Salta.
“Me produce vergüenza y bronca y tengo que reaccionar y hacerlo porque como gobernador de una provincia tabacalera, por cuestión de respeto nos tendrían que haber consultado de esta situación porque no lo puede decidir un grupo de diputados que no vieron en su vida una plantación de tabaco”, manifestó Sáenz.
En un momento de la entrevista sobre presiones del lobby tabacalero, Longobardi contó que a su teléfono personal le llegó un mensaje de texto para que “no se meta”. A esto, el Gobernador salteño se solidarizó y confesó que sin hablar de amenazas, recibió “consejos” para callarse la boca.
A la pregunta si tiene miedo por su integridad física y la de su familia, Sáenz dijo: “El miedo paraliza y no me permitiría hablar y seguir planteando que se trate este capítulo fiscal”.
“Es una vergüenza, espero que esto se resuelva y vuelva a incorporar el Capítulo Fiscal, – lo puede pedir cualquier diputado – que se trate, se vote, den la cara y fundamentalmente, sea el Congreso el que determine si este privilegio se mantiene o no. A todas luces es injusta esta situación”, remató el gobernador Gustavo Sáenz.