Los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses.
La intención oficial es autorizar subas eventuales distribuidas durante este año, pero atadas a la evolución de los costos de las prestadoras de los servicios de energía, gas y agua. Para esto el Ejecutivo piensa habilitar en el primer trimestre del año un mecanismo que está dentro del esquema legal de privatizaciones: audiencias públicas donde intervengan tanto el Estado, como las empresas y los consumidores.
Los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses; período que obviamente incluye la pandemia y el último trimestre de 2020.
De esas argumentaciones se tomará cuál es el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados. La intención es que las prestadoras no pierdan dinero contra el año pasado. Pero que tampoco ganen en exceso.
Según las proyecciones muy preliminares que tiene en mente el gobierno, el alza no debería superar el 36% de la inflación de 2020. Y en lo posible, menos del 29% que el ministerio de Economía pronosticó para 2021 de inflación.
La intención oficial se cruza con las negociaciones que parte del Ejecutivo está manteniendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el capítulo tarifas de servicios públicos es indirectamente fundamental.
Según el FMI, si no se actualizan las tarifas de los servicios públicos, es imposible que Guzmán logre la promesa de reducir este año el desequilibrio entre ingresos y gastos a la mitad.