Se han dado diferentes casos en los últimos tiempos en nuestro país de casos de linchamientos a quienes habrían cometido delitos aberrantes, o contra la propiedad, que trataremos en esta columna semanal. Como punto de partida diremos que es obligación del estado en sus tres poderes reestablecer la paz social y atender cada uno de los reclamos y los hechos de forma particular.
En la concepción del Estado Moderno, el uso de la coacción física ante la comisión de algún entuerto por parte de uno o más individuos pertenece de forma monopólica al Estado. Dicho medio, la coacción física, para lograr su máxima eficacia, también requiere que subjetivamente se estime como legítimo ese poder del Estado.
Entendemos por linchamiento, a cualquier tipo de acción, sea colectiva, anónima, espontánea u organizada, que persigue la violencia física sobre individuos que presumiblemente han infringido una norma, y que se encuentran en una considerable inferioridad numérica.
Lo que en realidad hace el linchamiento es cuestionar la legitimidad del monopolio de la fuerza del Estado, la forma de ejercer el poder del sistema de administración de justicia pública. Está claro que el Estado domina a través del sistema legal, que se identifica con la racionalidad, en tanto es esta legalidad la que permite al Estado moderno legitimarse. (‘El Estado moderno y los linchamientos. Una reflexión a partir de la obra weberiana’, autores: Loreto Quiroz y Leandro González).
En otras palabras, lo que busca un linchamiento es, por el motivo que sea, reemplazar a alguno de los poderes del estado, o todos, imponiendo la supuesta ‘justicia’ del caso, en base a las consideraciones del momento de quienes ejercen o dirigen dicho linchamiento.
Es decir, implica una forma de resolver conflictos que no tienen base en leyes positivas formales, abstractas, anteriores al hecho e impersonales, sino que por el contrario pasan por alto elementos básicos de la legalidad propia del Estado, aparecen en contradicción con esta forma de ejercer el poder y por tanto cuestionando la legitimidad del Estado, dejando de lado el debido proceso, el derecho a defensa y la calidad de tercero imparcial de quién dirime el conflicto, piedras basales de un ordenamiento jurídico justo.
Si bien estos linchamientos se producen en mayor medida por hechos aberrantes, también se da en la diaria diferentes situaciones, menores si se quiere pero igualmente graves, de anomia, entendida como la ausencia de normas o la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo, cuando una crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes, o también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de manera permanente, que también cuestionan al poder del Estado.
Por supuesto, este tipo de acciones, y sus fogoneros, en definitiva nada solucionarán a la larga más que llevarnos al caos, lo que implicará que el problema, en vez de resolverse, se haya duplicado, y los fogoneros querrán erigirse como mesías.
Tal vez sea más adecuado el análisis de cada situación en particular, que podrá o no desnudar alguna falencia de cualquiera de los tres poderes del estado que aun pueda resolverse, derechos o reclamos no atendidos, o alguna actualización del marco legal vigente para prevenir la violencia colectiva y el fortalecimiento de las dependencias del estado que trabajen en el sector justicia y prevención de la violencia, así como la sensibilización de las comunidades, que en definitiva se trate de reestablecer la paz social.