El primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad fue, nuevamente, condenado por la persecución de trabajadores de La Veloz del Norte durante la dictadura. Al unificar las penas, pasará 30 años en prisión.
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek (presidenta), María Alejandra Cataldi y Abelargo Jorge Basbus, condenaron al ex propietario de la empresa La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, a la pena de 18 años de prisión.
La pena se impuso por considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar el uso de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas; todo ello en perjuicio de 16 trabajadores de la empresa que dirigía el empresario, en enero del año 1977, cuando ocurrieron los hechos.
Por otra parte, y por los mismos delitos, fueron condenados José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la empresa y el ex comisario de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Almirón, a quienes les impuso penas de 16 años de prisión.
En el caso de Grueso, la pena impuesta fue por ser considerado partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
En cuanto a Almirón, el tribunal también lo encontró partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
En la lectura del veredicto, se hizo expresa mención al voto en disidencia de la jueza Snopek, respecto al grado de participación de los tres acusados y al monto de las penas, aunque no se precisó los fundamentos, los que recién se darán a conocer el próximo 5 de diciembre.
30 años de prisión
El tribunal también confirmó los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad, tal como lo hizo ayer la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, quienes validaron así la condena de 12 años de prisión que ya le había sido impuesta a Levín el 23 de mayo de 2016 por los mismos delitos, pero en perjuicio de Víctor Cobos, empleado de la firma y a la vez delegado gremial, en representación de la Unión de Trabajadores del Automotor.
Sumadas ambas penas, el empresario deberá cumplir ahora 30 años de prisión, tanto por los delitos cometidos contra el sindicalista, como en perjuicio de otros 16 empleados de su empresa, a quienes hizo detener entre el 20 y 24 de enero de 1977, en connivencia con el aparato represivo imperante en la última dictadura.
En aquella condena, pero con otra integración de jueces, el mismo tribunal también condenó a los ex jefes de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Bocos y Víctor Almirón, a quienes se les impuso penas de 12 años de prisión, en tanto, que un tercer policía, de esa misma comisaría, Víctor Enrique Cardozo (f), recibió una pena de ocho años de prisión por los mismos delitos.
Desde el 3 de octubre pasado, el tribunal llevó adelante un segundo juicio contra Levín y Almirón, a los que se sumó José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la empresa al momento de los hechos, quienes fueron juzgados por su participación en las detenciones ilegales de 16 trabajadores, quienes tenían una estrecha vinculación con Cobos, aunque no tenían representatividad sindical.
A lo largo de todo el mes, se desarrollaron extensas audiencias, en las que varios ex empleados de la empresa, sobrevinientes de las torturas y tormentos sufridos, contaron en detalles los hechos vividos en la ex comisaría Cuarta, circunstancias en que todos señalaron a Levín y Grueso como los principales responsables.
En ese sentido, cabe señalar que la fiscalía fundó un pedido de penas de 25 años para Levín y 23 para Grueso y Almirón por considerarlos culpables de los delitos por los que llegaron a juicio.
En su alegato, el fiscal Amad ratificó las imputaciones a los tres acusados. Refirió que las detenciones ilegales de los empleados se realizaron, tanto en la provincia de Salta, como en Tucumán por parte de efectivos de la ex comisaría Cuarta, en ese entonces (enero de 1977) a cargo de Almirón. Precisó que se detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa.
Para la fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, en este caso representado por Levín, quien era el dueño de una de las empresas de transporte más importante del país.
Amad confirmó que las detenciones se lograron por el aporte de información del empresario, a través de Grueso, quien era su mano derecha dentro de la firma. A la vez, descartó la coartada esgrimida por el ex dueño de la firma respecto a que todo se originó debido a una denuncia que formuló el 21 de enero de ese año sobre maniobras de estafas, consistente en la venta “melliza” de boletos.
“No hubo ninguna pesquisa ni nada, se hicieron con el aporte de Levín mediante Grueso, quien confeccionó la lista de los empleados que iban a ser detenidos, entre los cuales se hallaba Cobos (delegado gremial de la UTA) y los trabajadores que apoyaban las actividades sindicales dentro de la empresa”, indicó el fiscal.
Sostuvo que la intención del empresario era “deshacerse” del delegado gremial Cobos, a quien terminaron por exonerarlo de la firma, con lo cual lograron desarticular las actividades sindicales y calificó la intervención de Levín, como un caso paradigmático de responsabilidad empresarial.
Las defensas, por su parte, apelaron a cuestionar el relato de los testigos y tratar de presentarlos como personas que apelaron a la denuncia de lesa humanidad, a fin de evitar así consecuencias legales por la denuncia realizada en su contra por el empresario, hechos por los cuales resultaron absueltos por la justicia provincial.
En la audiencia hoy, el tribunal dio lugar a las réplicas, instancias en la que el fiscal general expresó que los defensores, “en ese mundo ideal” de la teoría que trajeron a juicio, incurrieron en aspecto que “hacen a la negación misma de los delitos de lesa humanidad”.
Aclaro que, efectivamente, después del golpe del Estado, no hubo más actividad sindical, pero la persecución se intensificó, pues los gremialistas y todos aquellos que coincidan con esa actividad eran considerados “el enemigo que había que erradicar de la sociedad”. “No hay mejor momento que este, aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer Justicia, aunque el mundo perezca”, concluyó.
En las palabras finales de los acusados, en tanto, Levín reafirmó insistió en que sólo visitó la ex comisaría cuarta por única vez, cuando radicó la denuncia por las maniobras presuntas de fraude, mientras que Grueso se proclamó inocente. Por último, Almirón se mantuvo en silencio.