El exintendente de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), Martiniano Molina, está envuelto en la causa por el millonario robo de caños del gasoducto a la altura de Aguarayun por un funcionario de su gestión.
El primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio y exfuncionario de Martiniano Molina en la Municipalidad de Quilmes, Ignacio Chiodo, está en el ojo de la justicia federal de Salta que investiga el robo de caños del Gasoducto NEA por formar parte del estudio que defiende a Matías Rossi, imputado por robo agravado y fraude a la administración pública.
Incluso -según reportan medios quilmeños- mientras formaba parte de la municipalidad de Martiniano Molina, Chiodo habilitó un lugar para que Rossi dejara los tubos que posteriormente se constataron como robados en Aguaray.
Según consignó NA, desde el entorno de Chiodo afirmaron que era su padre quien llevaba adelante la defensa de Rossi, pero el 24 de junio y el 29 de septiembre se vio al candidato a concejal actuando con su defendido.
“Él trabaja en el estudio Chiodo, que es del padre, y como ese trabajo tienen otros. Él es abogado de una de las partes, como tantos abogados que hay. La Justicia está para actuar”, fueron las declaraciones de Martiniano Molina sobre el caso al medio NuevaBA. “La Justicia avanzará como corresponde, nosotros estamos a favor de que la Justicia actúe independientemente del poder político y de que la ley se haga cumplir”, concluyó.
La causa de los tubos investiga la sustracción de al menos 52 caños que tienen a Rossi, cabeza de la empresa CoMarfil SA, como uno de los implicados. Los vínculos entre el candidato a concejal y el empresario acusado pueden encontrarse más atrás, cuando Chiodo era subsecretario de Coordinación Jurídica y Asuntos Penales de la Municipalidad de Quilmes y le dio el visto bueno a Rossi para utilizar un predio PRESOL SA donde luego aparecerían los tubos del gasoducto robados.
La justicia pone la mira en ese hecho porque se presume que los elementos robados llegaron hasta Quilmes con documentación ilícita. La justicia mantiene la postura de que Rossi no podía desconocer que estos tubos habían sido sustraídos ilegalmente ya que tenían el número de serie limados. Además, tienen el dato de que durante la intendencia de Martiniano Molina, la municipalidad quilmeña y PRESOL SA tenían un contrato de alquiler del lugar para guardar vehículos secuestrados. El abogado de la empresa era, en ese momento, Amílcar Chiodo y en los despachos de la casa de gobierno del municipio del sur del conurbano sus hijos Ignacio y Juan Manuel estaban en funciones.
Al día de hoy, Rossi cuenta con el beneficio de exención de prisión dictada después de que la fiscal bonaerense Ximena Santoro solicitara su detención el 29 de marzo pasado. Para la letrada, el empresario contaba con los medios suficientes para entorpecer la investigación y fraguar pruebas.