En la búsqueda de transparencia política, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto denominado Ficha Limpia para impedir la presentación cómo candidatos de personas con sentencia judicial de segunda instancia.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de ley para modificar el modificar el artículo 44 de la Ley 6042, Orgánica de Partidos Políticos Provinciales y Agrupaciones Municipales, en la que se establecen nuevas condiciones para las candidaturas a cargos electivos que se conoce como Ficha Limpia.
La norma aprobada anoche impone que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena en los delitos que se le imputan”.
La diputada Laura Cartuccia presentó el proyecto e hizo hincapié en definir la corrupción y expuso que este es uno de los problemas graves de la política que genera desconfianza en la sociedad.
«Los efectos de la corrupción implican una disminución de beneficios a la sociedad», dijo y señaló que «la intención es poner el requisito de la ficha limpia para dar transparencia al sistema político» y que anhelan que «en el futuro se tome esta herramienta como base para los cargos que se designen en el Poder Ejecutivo».
La iniciativa contó con el apoyo de 53 legisladores, mientras que en forma negativa votó el representante del Partido Obrero, Claudio del Plá, por considerar que la normativa sería de imposible cumplimiento mientras la Justicia salteña aparezca como el poder que define quién puede ser candidato, cuando, aseguró, este sector «responde al poder político».
Del Plá ironizó con el proyecto al considerar que «parece que la ficha limpia tendría poderes mágicos porque curaría al sistema (político). Lamentablemente no hay ni para empezar con esta ley que, tal vez, legítimamente se quiere impulsar», aseguró Del Plá al considerar que «la corruptela es parte del sistema político del capitalismo, no se resuelve con un sistema de ficha limpia».
La postura de Del Plá, de hecho, fue compartida por muchos de los diputados, quienes cuestionaron la actuación (o la falta de ella) por parte de la Justicia a la hora de castigar hechos de corrupción vinculados al poder. No obstante, la mayoría coincidió en que se trata de una herramienta o punto de partida para empezar a depurar la política, ya que la sociedad no admite la falta no solo de idoneidad sino de ética por parte de la dirigencia política.
Ahora el proyecto deberá ser tratado en revisión por la Cámara de Senadores.