En 15 allanamientos hechos por el CIF, secuestraron $ 16.800.000, U$s 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3.000 contratos. Hay ocho detenidos. No trascendió el nombre de la financiera. Solicitan a la Policía Federal custodia para un investigador que recibió amenazas
El operativo efectuado por el Cuerpo de Investigadores del CIF, dirigido por la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en la ciudad de Salta y en San José de Metán arrojó como resultado que siete mujeres y un hombre fueran detenidos. Se secuestraron 16.800.000 de pesos, 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3000 contratos confeccionados y firmados.
También fueron secuestrados entre 400 y 500 contratos en blanco listos para llenar, cédulas verdes, cédulas parcelarias, dos cajas fuertes cerradas y bienes muebles (heladeras, tv smart, bicicletas) recientemente adquiridas.
Dos hombres permanecen prófugos y están siendo intensamente buscados por las fuerzas de Seguridad.
Los 15 allanamientos fueron solicitados por Salinas Odorisio en el marco de una investigación que lleva adelante por estafas de una entidad financiera cuya identificación no trascendió y que, bajo una identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.
Al investigar la financiera, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinaron que la empresa no se encontraba inscripta en Salta para realizar actividades, sino en la Ciudad de Buenos Aires, y sólo estaba habilitada para realizar negocios inmobiliarios. El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.
Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitada. Por su parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional fallecido en 2007.
Serían numerosas las víctimas del negocio financiero que actuaba en distintos lugares de la capital salteña y en San José de Metán.
Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitaron a los damnificados, acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio, con la documentación correspondiente.
Custodia para un investigador
En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.
El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.
Un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.
En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.
Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.
Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.