El Gobierno de la Nación decidió disolver el fondo para bosques nativos junto a otros fondos fiduciarios por supuestas irregularidades administrativas.
Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la “Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (Fobosque) que para este año es de $14.710 millones (el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos).
Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”. También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias. El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, argumentó, entre otras cosas, que se observaron “falencias”.
La medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.
El fideicomiso se creó en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se estableció que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal y préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e Internacionales. Además, de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones.
El proyecto de presupuesto 2025 que hoy empieza a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909,09 millones. AMbientaistas habían remarcado que esos montos son “apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, una situación que se viene repitiendo hace varios años.
Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (art. 35, Ley 26.331), y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.
«La eliminación del programa significa una pérdida de más de $1.200 millones para Salta», precisó el secretario de Ambiente provincial, Alejandro Aldazábal, y confesó que la medida tomada por la administración fue inconsulta. «En realidad, dialogábamos con un funcionario e íbamos acordando formas de pago pero se publicó la decisión en el Boletín Oficial y presentó la renuncia», dijo.
Además, precisó que el argumento que empleó Nación le resulta «increíble» porque «el manejo de los fondos por bosques nativos era uno de los más auditados». «Entiendo la decisión de recortar fondos pero acá se está afectando sobre todo a las comunidades originarias de Salta», remarcó.