Por decreto, el Gobierno de la Nación restringió los accesos de información. Esta interpretación restrictiva ya la usó para no informar sobre los perros que viven en Olivos.
El Gobierno nacional dictó un Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de “datos privados” de los funcionarios o pueda causar “daños y perjuicios” a las personas.
Se trata de una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya modificación realizó el Gobierno a través de un decreto reglamentario, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el “ámbito privado” del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a información pública, “especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
El Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar “daños y perjuicios” a las personas, haya “ausencia de interés público” o se constituya en un “abuso del derecho”, según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletín Oficial.
Además, restringe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un acto de gobierno.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
“Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública”, sostuvo en un comunicado la organización Poder Ciudadano.
Y agregó: “Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción”.
En el mismo sentido se expresó un especialista en acceso a la información pública, quien aseguró a Clarín que “está claro el criterio restrictivo del Gobierno, ya que a partir de ahora cualquier funcionario podrá denegar el acceso, basándose en que se trata de datos que hacen a su privacidad, que pueda causar daños y perjuicios o que el solicitante esté cometiendo un abuso del derecho”.
Repercusiones de la nueva normativa
El Decreto del gobierno provocó las críticas de dirigentes políticos de la oposición y de especialistas en temas de comunicación, que se expresaron en redes sociales y consideraron a esta nueva normativa como un paso más en las restricciones al acceso a la información pública y a la libertad de expresión.
“Cualquier funcionario tiene la posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”, dijo Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados radicales.
Y añadió: “El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley. Exijo urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a su titular Beatriz de Anchorena, para que se expida y defienda el derecho ciudadano a saber. El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.
La directora de la Agencia de Acceso es una dirigente kirchnerista que integraba el Instituto Patria y tiene mandato hasta 2027.
El diputado Esteban Paulón, del bloque que conduce Miguel Pichetto, planteó que “según FOPEA, en lo que va de 2024 uno de cada tres ataques a la libertad de expresión vienen de Milei y Villarruel. Esta restricción al acceso a la información ataca al periodismo de investigación y libre ejercicio periodístico, además de vulnerar un derecho humano fundamental”.
También el especialista Martín Becerra sostuvo que el nuevo decreto establece “más restricciones a la libertad de expresión”.
“El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo”, planteó Pablo Avelluto, exministro de Cultura en la gestión de Macri y actual secretario general del Movimiento al Desarrollo que lidera Horacio Rodríguez Larreta.
El especialista Sebastián Pilo, integrante del Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), aseguró que el Decreto 780/24 “es inconstitucional. El Poder Ejecutivo no puede, por vía reglamentaria, limitar o restringir derechos que nos reconoce la ley. Ninguna información que hasta ayer se consideraba pública puede hoy resultar inaccesible por una decisión del Presidente”.
Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, dijo que “la restricción en el derecho de acceso a la información pública es escandalosa. Muchos lo van a ver con la humorada de dejar de preguntar cuántos perros hay en Olivos, pero lo cierto es que no sólo se va a modificar cuántos perros hay… hay varias cosas más para ocultar”.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) aseguró que esta decisión va en un “camino inverso a lo que propiciaría un gobierno liberal, transparente, de datos abiertos de cara a la sociedad. Esta es la verdadera cara de Milei. Para los ciudadanos solo circo en redes”.
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública fue dictada en septiembre de 2016, a iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de esta norma es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado.