Hay cinco personas imputadas. Dos de los acusados eran empleados de esa empresa, de la cual habían hurtado el material y el equipo. Cobraban de 25 a 35 mil pesos por la instalación y un abono mensual.
A instancia de una investigación llevada adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, hizo lugar este lunes a la imputación recaída sobre cinco personas.
Es así que, Walter Andrés Sosa Orellana, Antonio Alejandro Villafuerte, Walter Rafael Cañamero, su pareja, Melisa Berón, y su hermano Joaquín Maximiliano montaron una empresa que proveía de manera clandestina un servicio de internet con materiales y la conexión a la red de propiedad de la prestataria Telecom.
Las imputaciones, en el caso de Sosa Orellana y Walter Cañamero, ambos empleados de Telecom, la empresa afectada; fueron por los delitos de entorpecimiento de telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto, en ambos casos en grado de autores.
Respecto a Berón y Joaquín Cañamero, la acusación fue por entorpecimiento de telecomunicaciones, en grado de partícipe primario, mientras que a Villafuerte se le imputó el delito de estafa, en grado de coautor.
En todos los casos la jueza hizo lugar a las medidas de coerción requeridas por la fiscalía, consistentes en la presentación periódica ante la fiscalía de Orán y el compromiso de colaborar con la investigación penal.
Al presentar el caso, el fiscal general explicó que las imputaciones surgen de actuaciones preliminares que se iniciaron a partir de la denuncia formal presentada por la empresa Telecom a mediados de octubre del año pasado, luego de reunir información sobre las irregularidades.
“En representación del Ministerio Público Fiscal, presentamos una acusación por la creación y puesta en marcha de una empresa dispuesta para proveer el servicio de internet, de manera paralela y clandestina”.
El fiscal señaló que los ofrecimientos se hacían a través de la red social Facebook y de WhatsApp. En las publicidades, los imputados aducían que WIFINET llegaba a 19 barrios y que contaban con 200 usuarios, por lo que era necesario el pago de 25 a 35 mil pesos en concepto de instalación y un abono mensual de 3 mil.
“Con el auxilio indispensable del resto de los acusados, Sosa Orellana y Cañamero montaron esta red ilegal, siendo la clave de la maniobra cuatro módems que fueron contratados legalmente a Telecom a través de los cuales obtenían la señal”.