El director del Ente Regulador de Servicios Públicos sostuvo que la Ley de creación del organismo es obsoleta y es necesario cambiar el espíritu de la normativa. Consideró que el órgano no puede ser imparcial en una relación de clara desigualdad entre las empresas y los usuarios.
Carlos Morello, director del Ente Regulador de Servicios Públicos (EnReSP) entrevistado por Diego Comba para el ciclo político La Rosca, enfatizó en la importancia de la política en todos los ámbitos de la vida, resalto que la participación es la clave en contra de los que pregonan la antipolítica; y se refirió al rol político y técnico que cumple en el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.
“Desde el Ente Regulador tenemos esa visión, de que nosotros estamos para equilibrar una relación jurídica que es totalmente desigual. Vos tenés un vecino que tiene un problema, que no encuentre respuestas en la empresa y acude al Ente para equilibrar esa relación”, explicó.
Sobre esta cuestión agregó que al momento de creación del ERSP, se tomó como referencia un modelo francés inaplicable en Argentina ya que, considera que los órganos deben actuar como Tribunales Administrativos cuando exista conflicto entre dos partes iguales y que debe hacerlo con imparcialidad.
“Cuando nosotros llegamos vimos que la relación no es de igualdad, porque tenés una empresa gigantesca, monopólica que además tiene todo el conocimiento de la Ley y de los contratos y del otro lado, un usuario que está desesperado porque hace tres días que no tiene agua y no tiene donde hacer el reclamo. Entonces no hay un conflicto entre iguales”.
“No concebimos al Ente como un órgano despegado de la realidad social” enfatizó al momento de referirse al aumento de tarifas en agua y luz.
Así explicó que, si bien Aguas del Norte solicitó, en diciembre del 2020, un aumento del 60%, se autorizó menos de la mitad de lo solicitado. En el caso de Edesa, en la misma fecha, se pidió autorización para aumentar por encima del 35% pero el Ente decidió que sea el 21%. En este punto aclaró que el EnReSP no tiene competencia sobre el servicio de gas.
“Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que los aumentos de las tarifas no vayan más cercanos a lo que pedían las empresas, sino que hemos incorporado en las audiencias públicas y en las resoluciones, la situación social. Incorporamos las variables económicas a nuestro análisis, pero también lo social” explicó.
Morello, sostuvo que el órgano debe equilibrar lo técnico con lo político, es por eso que además de multar a las empresas por deficiencias en el servicio, exigieron que presenten el plan de inversiones y que pongan en marcha obras.
“La política es una herramienta de transformación en el sentido de beneficiar a los indefensos ante los poderosos”.
Carlos Morello, conceptualizó de esta manera a la política, subrayó el importante rol que cumple en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas “yo concibo a la política como servicio público que debe estar direccionado a mejorar la calidad de vida. Hay que igualar esa relación dispar y muchas veces abusiva, entre alguien que tiene mucho y alguien que no tiene, equilibrar esa balanza y ahí está el rol de la política y del Estado.”
“La antipolítica es una forma de hacer política, diciendo que la política es mala, yo creo en la política como una actividad transformadora y sana».
En la misma línea, sostuvo que el discurso de la meritocracia se terminó “abrupta y cruelmente” durante la cuarentena estricta. Momento en el que fue evidente que no todo es cuestión de esfuerzo personal, sino que tiene que haber un contexto que permita desarrollo y un Estado que genere oportunidades.
“No parten todos los ciudadanos, niñas o niños desde el mismo lugar. Algunos con muchos privilegios y otros con muchas carencias, entonces la meritocracia no existe».
“Los que tienen el dogma incorporado de que el pobre es pobre porque quiere, deberían analizar un poquito más la realidad y ver que muchos de los niños que nacen en familias pobres o indigentes, seguramente van a morir pobres o indigentes si el Estado no interviene equilibrando esa situación; otorgando herramientas básicas y garantizando derechos fundamentales como la educación o la alimentación”, agregó.
Destacó la necesidad de generar políticas públicas para transformar los planes sociales en trabajo y sumó puntualmente la urgencia de capacitaciones acordes a la demanda de mano de obra en los diferentes sectores económicos.
Al respecto, manifestó que desde hace cinco años funciona en Salta un Centro de Capacitación Laboral por el que pasaron 1000 estudiantes este año. Además celebró la iniciativa del gobernador de crear la Universidad de Oficios y Tecnologías en la UPAP. “Ojala se concrete porque va a cambiar de raíz la matriz educativa de Salta”.
“Hay un convencimiento de la gente y la mayoría no quiere vivir de un plan social, entienden que es una emergencia, pero quieren trabajo y necesitan estar capacitados”.