El Ejecutivo oficializó la medida, lo que permitirá que los productores de las zonas afectadas puedan acceder a beneficios fiscales y financieros.
El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria en zonas de las provincias de Salta, Jujuy y Neuquén por la sequía -en el norte- y por la gripe aviar en el sur. A través de tres resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, homologó los decretos provinciales de las jurisdicciones afectadas para que los productores puedan acceder a beneficios fiscales y financieros, que incluyen prórrogas o exenciones impositivas y acceso a distintas herramientas crediticias para el sector en cuestión.
Mediante la resolución 755/2023, el Poder Ejecutivo declaró en la provincia de Jujuy “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 3 de mayo de 2023 y hasta el 11 de mayo de 2024, a las explotaciones cañeras afectadas por sequía de los Departamentos El Carmen, Palpalá, San Pedro, Ledesma, San Antonio y Santa Bárbara”.
Por otro lado, la resolución 756/2023 establece la misma declaración de emergencia agropecuaria en Salta “desde el 15 abril de 2023 al 14 de abril de 2024, a las explotaciones citrícolas, afectadas por sequía, en los Departamentos Anta, General Güemes, General San Martín, Iruya, Metán, Orán y Santa Victoria”. Y desde el 29 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024, para las explotaciones cañeras, afectadas por sequía, en los Departamentos General Güemes y Orán.
En tanto, la resolución 757/2023 del Ministerio de Economía declaró en Neuquén la emergencia agropecuaria “desde el 1º de marzo de 2023 y hasta el 1º de marzo de 2024, a las explotaciones avícolas afectadas por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en los Departamentos Añelo, Confluencia, Chos Malal, Picún Leufú, Zapala y Picunches”.
Semanas atrás, como consecuencia de la gripe aviar que se desató en el país y la eliminación de las aves de corral y de huevos fértiles y frescos que habrían manifestado la presencia de la influenza aviar H5 y H7, el Ministerio de Economía anunció en la Resolución 638/2023 que se brindará un apoyo económico a los trabajadores del sector avícola que sufrieron pérdidas económicas en la campaña sanitaria.
En efecto, se resolvió que los productores avícolas podrán acceder al Programa de Asistencia Económica, por medio del cual el gobierno se comprometió a distribuir la suma de $7.450 millones de pesos. El dinero que será depositado en las cuentas bancarias de los damnificados provendrá del Fondo Incremento Exportador, que fue creado en el Artículo 9 del Decreto N° 576, publicado el pasado 4 de septiembre de 2022.
A la fecha, de las 544 notificaciones analizadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de los muestreos realizados en las Zonas de Control Sanitario, suman 99 las detecciones de la enfermedad en total en todo el país y son 76 los brotes cerrados, desde el inicio de la emergencia sanitaria declarada el 15 de febrero.
Los casos confirmados hasta este miércoles son en aves de traspatio (75), sector comercial (17) y silvestres (7), distribuidos de la siguiente manera: 23 en Buenos Aires, 21 en Córdoba, 12 en Neuquén, 9 en Santa Fe, 7 en Río Negro, 7 en Chubut, 4 en Chaco, 2 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 2 en San Luis, 2 en La Pampa, 2 en Corrientes, 2 Santa Cruz, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero, 1 en Salta, y 1 en Mendoza.
En los casos de las tres provincias mencionadas, “los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”, según señaló el Ministerio de Economía.
En este marco, los Gobiernos de Jujuy, Salta y Neuquén remitirán a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la AFIP “arbitrarán los medios necesarios para que los productores rurales comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias”, se explicó en las resoluciones firmadas por Sergio Massa.