Drogas

Narcotráfico: padre e hijo condenados a 13 y 12 años de prisión

Jorge y Gustavo Navarro fueron acusados de organizar un operativo para transportar más de 143 kg de drogas. En la estructura criminal se encontraba Alberto Rojas, intergrante de la “Banda de los Monos”.

En un juicio impulsado por la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Santiago Federico Díaz, condenó a Jorge Navarro y a su hijo Gustavo por los delitos de organización de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Para el primero, la pena impuesta fue de 13 años de prisión, mientras que la de su hijo fue seis meses menor, a quien también se lo encontró culpable del delito de tenencia de estupefacientes. Ambas condenas, son las más altas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, el que el 10 de junio cumplirá cuatro años de vigencia en Salta y Jujuy.

Esta sentencia, se amplía aún más si se tienen en cuenta las penas impuestas al resto de los integrantes de la organización: Alberto Rojas, José Pereyra, Eugenio Belizan y Héctor Villalbas, cuya situación procesal fue resuelta a través de juicios abreviados.

En el caso de Rojas, la pena impuesta fue de 6 años de prisión en calidad de coautor, siendo declarado reincidente. Esto se debe a una sentencia similar dispuesta en su contra por el Tribunal Federal de Rosario 3, el 16 de agosto de 2019, cuando lo condenó junto a otros doce implicados detenidos en 2015 por el transporte de 53 kilos de cocaína, descubierto en el ingreso a esa ciudad.

Junto a Rojas, el tribunal rosarino condenó a Walter «Dani» Jure, integrante de la «Banda de los Monos», como coautores del transporte de la droga, la que iba camuflada dentro de globos de piñata. Entre otros de los sentenciados, también se destaca la del comisario Carlos Schmidt, ex jefe del Comando Radioeléctrico, quien recibió 6 años de cárcel como partícipe de la banda.

También, en grado de coautor, Pereyra recibió seis años de prisión y lo declararon reincidente. Ello se debe a una pena de 10 años de prisión dictada en 2017, por el Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero.

Por la misma calificación, Villalbas recibió 5 años, en tanto que Belizan fue condenado a 4, en calidad de partícipe secundario, a lo que se sumó el decomiso de dos camionetas y una suma de dinero cercana a los 50 mil pesos.
Así las cosas, las penas finales impuesta a la organización criminal liderada por los Navarro, oriundos de Tartagal, ascienden a 46 años y 6 meses, lo que constituye otra marca dentro del sistema acusatorio, condenas obtenidas en debate y mediante salidas alternativas.

Otro de los puntos destacados de este caso, respecto a los beneficios del nuevo código, está directamente relacionada con el lapso en que la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, logró abrir el caso, llevarlo a juicio y obtener las condenas de todos los eslabones de la cadena delictiva.

La etapa de investigación se extendió por siete meses, para luego avanzar con los procesos abreviados y el juicio oral a los Navarro, lo que demandó otros 12 meses, lapso menor a los dos años, lo que resalta aún más si se compara, por ejemplo, con la primera condena de Rojas, resuelta con el sistema mixto después de cuatro años del hecho.

 

Todo se inició con un teléfono
En el juicio, la fiscal resaltó cómo a partir de un celular secuestrado, se logró identificar y desentrañar los complejos movimientos de la organización liderada por los Navarro, oriundos de Tartagal.

La funcionaria judicial estacó el compromiso del equipo de su área de trabajo y la profesionalidad del personal de la Sección de Investigaciones Anti Drogas «Salta» de Gendarmería, intervinientes en las tareas de campo e inteligencia.

Al referirse a los hechos, dio por acreditado el primero de ellos, descubierto el 20 de octubre de 2021, cuando se registró la detención de Villalbas en un control instalado en la ruta provincial 5, a la altura de General Pizarro, distante a unos 270 km de Salta capital.

El acusado conducía una camioneta Toyota, de norte a sur. En la requisa, los gendarmes descubrieron «un brillo inusual» en los bordes del compartimento de herramientas, en el baúl. Luego, con el control y en presencia de testigos, se retiró el cobertor y se hallaron 79 «ladrillos» de cocaína, con un peso de 77 kilos con 963 gramos.

En esa oportunidad, el procedimiento parecía destinado a ser resuelto como un hecho de flagrancia, sin embargo, el secuestro de su celular cambió todo, pues de la lista de contactos se identificó a un usuario solamente con la letra «G».

Al tirar de ese hilo, se pudo establecer que había mantenido comunicación con Jorge Navarro y su hijo, incluso se pudo determinar, por el impacto en las antenas de telefonía, que mantuvo sendos encuentros con Gustavo dos días antes de ser detenido en Hipólito Yrigoyen y Embarcación, lo que sirvió para identificar el rol de cada uno.
Mientras Villalbas hacía de transportista, Gustavo Navarro iba por delante de la ruta, en calidad de «coche puntero» o «barredor», cuya función era la de avisar al vehículo cargado con la droga sobre los controles de fuerzas de seguridad, prueba de ello, la fiscal citó un mensaje enviado por el hijo del jefe al conductor: «lindo primo», en señal de que la ruta estaba despejada.

Al día siguiente, esta clase de mensajes se repitieron por un tramo, para luego decirle al chofer «tomese una cerveza», en alusión a un control, en el que fue finalmente detenido el conductor. En esa jornada, después del procedimiento, Gustavo Navarro realizó 15 llamadas al transportista.

Estos movimientos, según la fiscalía, se repitieron el 19 de mayo del 2022, cuando se desarticuló a toda la organización, la que ya se tenía identificada a partir de las tareas de campo e intervenciones telefónicas.
En esa fecha, los Navarro llevaban adelante otro transporte importante de droga, el que fue desactivado nuevamente en la ruta 5, esta vez a la altura de Luis Burela, cerca de General Pizarro, más al sur de la provincia.
Para este transporte, se repitió el tipo de vehículo utilizado: una camioneta Toyota, en esta ocasión conducida por Pereyra, a quien los Navarro habían convocado para esa función en febrero, fecha en que se le había otorgado la libertad condicional por la pena impuesta en Santiago del Estero.

Como soporte en materia de vigilancia y despeje de la ruta, fueron contratados Rojas, otro ex convicto por narcotráfico y Belizan, quienes ejecutaron sus roles a través de mensajes encriptados, los que se cortaron tras la detención de Pereyra en un control instalado para interceptar el transporte.

Al revisar la camioneta, los gendarmes hallaron la droga oculta en el piso de la caja y el sector lateral que da a la cabina, de donde se extrajeron 66 paquetes de cocaína, con un peso final de 65 kilos con 774 gramos, lo que motivó la detención de Pereyra.

Inmediatamente se registró la detención Jorge Navarro y de su hijo, en sus respectivas viviendas, en Tartagal. En dichos procedimientos, se incautaron otros 3 kilos de cocaína en la casa de Gustavo, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes.

Posteriormente, el 26 de julio de 2022, Rojas fue detenido, cuando transitaba por las calles Araoz, entre España y San Martin, en Tartagal, a bordo de una camioneta Toyota. En tanto que Belizan, cayó dos meses después, el 8 de septiembre.

 

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