Los datos sobre pobreza e indigencia que fueron conocidos estos últimos días son impactantes. Según INDEC el 56,3% de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) son pobres en nuestro país, y según UNICEF este porcentaje podría llegar a fin de año a casi el 63%. Estamos en el momento indicado de pensar un nuevo paradigma de inversión en las infancias y adolescencias que modifique estructuralmente la situación de los NNyA pobres.
Según un informe de Unicef elaborado en base a las nuevas proyecciones de caída del PBI alertan que entre diciembre de 2019 y diciembre de este año, la cantidad de chicas y chicos pobres pasaría de 7 millones a 8,3 millones, con lo cual el porcentaje NNyA pobres alcanzaría casi el 63% (62,9%) al final de este año.
Según los datos oficiales difundidos por el INDEC referidos al 1° semestre de 2020, más de la mitad (56,3%) de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años son pobres en nuestro país: es decir, 6,2 millones de chicas y chicos viven en hogares pobres. La indigencia afecta a 1.717.940 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años (15,6%), cuyas familias no logran cubrir la canasta básica alimentaria.
La inversión que realizan los Estados, particularmente su carácter redistributivo, están en relación directa con los altos niveles de pobreza y desigualdad en la niñez y adolescencia. Esto debe ser comprendido tomando a las políticas como decisiones/acciones que pueden institucionalizar la desigualdad o disminuirla, por eso la importancia de dar una discusión sobre el paradigma ideario sobre las que se sostiene las políticas. En base a ese ideario se dan las futuras intervenciones en seguridad, salud, desarrollo social, además del ideario de familia, teniendo en cuenta los cambios que se dieron con el devenir histórico en su constitución, el Ideario de infancia, si será desde una mirada tutelar o más normalizadora, o desde enfoques que tengan que ver con los derechos niño, tomando a la infancia como parte permanente de la estructura social.
Un concepto que está tomando mucha fuerza en este tiempo y que se relaciona con lo anterior, es que la niñez y la juventud son las más desprotegidas en el terreno de la Seguridad Social a raíz de no contar con una organización sindical o algún espacio que las represente políticamente y las tenga como destinatarias exclusivas de sus políticas. Esto no quiere decir que deben sindicalizarse solo muestra como aquellos sectores sindicalizados luchan por la conquista y reconocimiento de sus derechos, es decir están las políticas generalmente dirigidas al «bienestar de una sola generación» (Gøsta Esping-Andersen). Con respecto a los adultos mayores, estos están protegidos por los sistemas de pensiones, y en ellas ha incidido su organización político-sindical.
El contexto actual
Estamos ante una difícil situación de las infancias y adolescencias, esta crisis sanitaria por la Pandemia expuso y amplifico de manera dramática las desigualdades estructurales. No solo son nuevos NNyA pobres o indigentes, sino que no permitió que muchos de ellos que se estimaba saldrían de ese umbral socio-económico no pudieron hacerlo.
Es una cifra dolorosa el estimar que cerca de dos tercios (63%) de NNyA pasarán a vivir en la pobreza a fin de año. Este número es equivalente a toda la población de la provincia de Salta de bajo la línea de la indigencia o que dos veces aproximadamente la población de la provincia de Córdoba es equivalente a la cantidad de NNyA que viene en hogares pobres en Argentina.
Ante la gravedad de este escenario, las políticas de transferencias de recursos, incluyendo el IFE, el bono extra a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar, los Salarios Sociales, etc. resultaron insuficientes para garantizar el acceso a la alimentación y a los bienes y servicios básicos que requiere un niño, niña o adolescente: el monto mensual que perciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o solo permite afrontar un poco más del 46% de la canasta básica alimentaria o el equivalente 19% de la canasta básica total. Nadie duda de que fueron políticas transformadoras, pero en la actualidad estas iniciativas se consolidaron como simplemente políticas distributivas, no son ni redistributivas, ni regulatorias, ni constituyentes.
Los desafíos
Hoy, más que nunca, resulta impostergable que el Estado priorice a NNyA en el centro de la agenda pública. Es urgente contar con políticas que pongan freno al avance de la pobreza, que ensancha las brechas de desigualdad y limita el acceso a los derechos de las infancias. Hace unos días el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, aseguró que, «por primera vez, hay un capítulo en el presupuesto nacional que incorpora la inversión del estado para niños, niñas y adolescentes y que es de 873 mil millones de pesos” y que representa «casi dos puntos y medio del PIB en asistencia directa». Este no es un dato menor, pero aún quedan algunos desafíos por llevar adelante para seguir profundizando la búsqueda de la igualdad. Este anuncio significa una expresión más justa que plasma un progresismo diferencial en la función distributiva del Estado.
Entre los desafíos podemos marcar la necesidad de que esto sea respaldado con impuestos progresivos que garanticen un derecho universal de seguridad social a la niñez y adolescencia.
Otros desafíos son el lograr que el Estado puede identificar adecuadamente a aquellos NNyA que están excluidos de los beneficios y que forman parte del grupo de mayor vulnerabilidad, que el monto transferido logre satisfacer las necesidades más básicas de la infancias (cambios cualitativos y cambios cuantitativos, mayor inversión y progresividad en el financiamiento) , evitar los esquemas segmentados diferentes es decir que niñas y niños reciban recursos según la situación laboral de sus familiares ya que esto las vuelve, en muchos casos, inequitativas y cambiar la mirada de las corresponsabilidades ya que generan un rato inequitativo a niñas y niños según su contexto social. Si existe falta de acceso a la educación y la salud por ejemplo en lugar de desencadenar una penalización que les impide el cobro que se genere una intervención de estado que garantice también esos derechos
La pandemia del covid-19 nos conduce a una agenda asistencial que se concentra en resolver lo que es urgente, pero también es una oportunidad para pensarnos en proyecciones más estructurales en el caso de los NNyA. Es tiempo de cambiar conceptos y dar el impulso para salir de mirada adulto-centrista de las políticas.
Los gobiernos deben avanzar sobre el origen de las desigualdades, incidir en los determinantes del problema, el aumento y la presencia de NNyA en el presupuesto es un buen paso, pero solo es el primero de muchos que deben darse, y que debe ser en el camino correcto.