La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los legisladores, aunque los representantes de las provincias productoras de azúcar se manifestaron en contra.
La aclaración de la senadora kirchnerista fue necesaria a raíz de los fuertes argumentos desplegados por las representantes de la provincia de Tucumán: la radical Silvia Elías de Pérez y la peronista Beatriz Mirkin.
«Nuestra industria vale. El azúcar es un producto natural. Y es buena para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza. Y más triste cuando escucho a amigas senadoras que quieren desincentivar su consumo», remarcó Elías de Pérez.
Mirkin, por su parte, «lamentó» que la provincia de Tucumán no haya sido «consultada» y acusó a sus colegas de «no darle margen a la provincia porque no ven la situación provincial».
En ese sentido, anunció que votaría «negativamente», aunque luego propuso que los ingresos que le quitan a su distrito por la disminución de la refinación del azúcar sean compensados por «lo que corresponde a la producción del bioetanol» destilado en base a la caña.
Fernández Sagasti aclaró que «este proyecto no es contra nadie» sino «a favor de los ciudadanos» y lo describió como «una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece».
«El espíritu de este proyecto no debe ser “salud versus trabajo”. Podemos armonizar dos intereses que son muy importantes para la Argentina», aseguró.
Por su parte, el radical mendocino Julio Cobos opinó que la industria debe «colaborar en mejorar la calidad de los alimentos». «La industria tiene un rol fundamental. Acá es donde se demuestra la responsabilidad social-empresaria», afirmó.
En tanto, su compañera de bancada, la jujeña Silvia Giacoppo, también indicó que «no se ataca a ninguna producción sino al contenido excesivo en un producto» y señaló: «Como consumidor tengo derecho a saber qué como y qué se llevan mis hijos a la boca».
El proyecto que se tratará la semana que viene en el Senado y que, de ser aprobado, pasará a Diputados, establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.