Los funcionarios de la Autoridad Metropolitana del Transporte están acusados de los delitos de peculado y falsificación de instrumento público.
La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, dispuso la prisión preventiva de cuatro hombres de 32, 37, 41 y 51 años, que fueron acusados como autores de los delitos peculado y falsificación de instrumento público, en concurso real, por lo que deberán continuar detenidos en la Alcaidía General de la Provincia.
Dijo que se encuentran reunidas las condiciones exigidas por la ley vigente para disponer la prisión preventiva. Destacó que toda afectación de la libertad durante el proceso es de carácter restrictivo, y procede exclusivamente para garantizar que los fines y efectos del proceso puedan ser debidamente cumplidos.
En su resolución, la jueza denegó los pedidos de libertad y de arresto domiciliario que habían planteado los defensores, y ordenó al Servicio Médico del Poder Judicial que realice un informe médico a dos de los acusados, a fin de determinar si la privación de la libertad en el establecimiento carcelario les impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y eventualmente si correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario.
Además autorizó la extracción de la información contenida en los elementos secuestrados a los cuatro acusados, entre los que se cuentan teléfonos celulares, notebooks, entre otros.
La investigación inició por la denuncia del presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), cuando advirtió que faltaba un automóvil secuestrado de la sucursal de avenida Tavella. Contó que cuando revisó las cámaras de seguridad observó que un hombre le entregó un papel al guardia, sacó el auto y se retiró del lugar.
Ante ello, el denunciante solicitó examinar la orden de liberación del vehículo, instrumento que no apareció. Por ese motivo revisó el libro de liberaciones, y allí detectó una gran cantidad de salida de vehículos con órdenes de liberación con firmas que no correspondían a la del gerente.
Por otra parte, en el sistema informático confirmó que no existían registros de los expedientes vinculados a esas liberaciones. Luego de solicitar un relevamiento sobre los expedientes, surgió que hasta el 22 de mayo se habían borrado entre 148 y 160.