Analizan bajar el plazo para la realización de la práctica desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita, incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional y que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas.
Un día antes de la firma del dictamen, tanto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como de la ley de los 1.000 días, un grupo de diputadas y senadoras avanzaron sobre la posibilidad de introducir cambios que garanticen los votos a favor y la consecuente aprobación en ambas cámaras. En Diputados, donde se someterá mañana a discusión y votación en el recinto, el pronóstico es una leve ventaja a favor. En el Senado, en cambio, se vislumbra un virtual empate, por lo que las posibles modificaciones podrían terminar de definir el voto de al menos tres legisladores.
Uno de los ajustes que se discuten es bajar el plazo para la realización de la práctica (de diez a tres días) desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita. De esa manera podría también reducirse en los hechos la semana límite para la realización del aborto, que el texto oficial establece en la semana 14 de gestación. El tema genera ardua discusión.
Quienes impulsan y defienden el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo analizan también incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional, es decir que aquellos establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan excusarse y derivar a las pacientes a otras instituciones. La objeción de conciencia fue un tema de fuerte debate dos años atrás y lo sigue siendo.
Finalmente, también hay quienes piden que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas cuando se realicen un aborto.
Los intercambios entre diputadas y senadoras, con algunas funcionarias del Poder Ejecutivo, se dieron durante el feriado nacional por el Día de la Virgen. Las legisladoras del sector identificado con el color verde puntearon los votos en Diputados y en el Senado. Tanto para aprobar como para rechazar la ley alcanza con mayoría simple, por lo que hasta cuentan las posibles ausencias o las abstenciones de quienes no elijan ninguna opción. Justamente así, con ausentes, se sancionó diez años atrás la ley de matrimonio igualitario. Las charlas buscan evitar un segundo fracaso en el Senado, donde en 2018 se frenó la ley, y también las idas y vueltas del proyecto. Si las gestiones logran acuerdo, el trámite parlamentario podría acelerarse y sancionarse la ley antes de fin de año.