Después de que la Justicia Federal declarase culpable al ex jefe comunal de Aguaray por el robo de caños del Gasoducto NEA, el Fiscal General Eduardo Villada pidió la pena de 8 años de prisión efectiva.
Luego de que la justicia declarara culpables al ex intendente de Aguaray, Jorge «Quique» Prado, el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de la empresa OSYP SA, Diego Alos, por el robo de caños del Gasoducto NEA, se realizó la audiencia sobre las penas y aunque se esperaba la resolución del Tribunal finalmente se pospuso para el jueves 16.
Durante su presentación, el Fiscal General, Eduardo Villada pidió la pena de 8 años de prisión efectiva para el exintendente de Aguaray por el del delito de robo agravado en banda y despoblado; mientras que para Alosy Vera pidió 7 años de prisión efectiva. Según dijo, el hecho de que no tengan antecedentes condenatorios hace que el pedido sea benevolente.
Sin embargo, la querella representada por el Instituto Energético Argentino fue más rotundo con la figura de Prado y pidió 10 años de prisión. Y coincidió con el pedido de la fiscalía sobre los otros dos culpables.
A todo esto, la defensa técnica del exintendente solicitó el mínimo de prisión para el delito que le fuera endilgado: 5 años. En el mismo sentido se pronunció el representante de Alos. En tanto, Vera fue más allá y pidió que la condena sea de sólo dos años y bajo la modalidad “domiciliaria”.
En el juicio que concluyó el pasado 2 de diciembre quedaron absueltas otras 7 personas, entre ellas empleados y empresarios locales que, si bien habían trabajado en las maniobras de retiro de los caños de 12 metros de longitud, lo habían hecho en condición de contratados.
El tribunal, integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule, entendió que los tres sujetos, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, sustrajeron 8 kilómetros de caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que llevaba adelante la empresa constructora Servicios Vertúa, pero que por una disputa con la ex Enarsa había quedado literalmente abandonada hacía más de un año.
La situación fue aprovechada para retirar los caños valuados en miles de dólares cada uno y que pertenecen al Estado nacional y venderlos en diferentes provincias argentinas.
La maniobra se facilitó con la puesta en vigencia por parte de Prado como intendente en ese momento, y de profesión ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, de la resolución municipal N° 1215 que autorizaba el retiro de los caños como si se hubiera tratado de un pasivo ambiental, cuando en realidad eran flamantes caños con un costo de 5 mil dólares cada uno.
El ex intendente Prado, el empresario Alos y Adrián Vera fueron declarados culpables y el jueves próximo se espera que, finalmente, se sepa qué condena cumplirán.