El Juzgado Federal de Orán amplió la imputación del exintendente de Morillo al considerarlo coautor del robo de rieles. “Los saqueos ocurrían a la luz del día y con la connivencia de la policía y gendarmería”, afirmó el fiscal.
A poco más de tres meses de la formalización de una investigación penal contra el ex intendente de Coronel Juan Solá (Estación Morillo), Atta Gerala, su hijo, José Miguel y David Medina, un comerciante de Orán, la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general, Eduardo Villalba, amplió la acusación penal contra el ex jefe comunal por el robo generalizado de vías férreas en el Chaco Salteño.
El agravamiento de la situación procesal del ex intendente se formalizó el jueves 20 de marzo pasado, en una audiencia dirigida por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quien no tuvo reparos en conceder la ampliación de la imputación, a la vez que autorizó otra serie de medidas probatorias a fin de que se avance con el caso.
El juez, sin embargo, otorgó el arresto domiciliario al hijo de Gerala y Medina, detenidos desde el 4 de noviembre pasado, luego de varios allanamientos en Orán y Morillo, circunstancias en que se secuestraron 165 rieles sustraídos, 15 de ellos estaban en una propiedad del ex intendente.
A estos dos acusados, se les imputó los delitos de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en calidad de coautores. Al hijo de Gerala, en tanto, se le sumó el delito de “robo agravado por ser cometido en despoblado”.
Al mes, el 11 de diciembre, el fiscal general solicitó la detención del entonces intendente, a quien se le imputó los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. Ahora, sin embargo, su rol se agravó por la de coautor.
En dicha audiencia, también fue imputado por “malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho persona”, dado el cargo que ocupaba al momento de los hechos, posición que perdió el 20 de noviembre pasado, al disponerse la intervención del municipio.
A comparación de su hijo y Medina, la medida de prisión preventiva que le fue impuesta fue bajo la modalidad de arresto domiciliario, condición que, en esta última audiencia, su defensa intentó cambiar por la libertad provisoria, pero el pedido fue rechazado por el juez, a instancias de los argumentos esgrimidos por la fiscalía al rebatir el planteo.
“Robo a cara descubierta”
“Estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo, la que está sujeta a la autoridad del ex intendente”, dijo el fiscal Villalba, al fundar las razones que llevaron a agravar la situación penal del ex intendente.
En intervalos con la auxiliar fiscal, Roxana Gual, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó la tarea de campo realizada, la que llevó a un equipo de trabajo de la fiscalía a situarse en la localidad de Morillo, donde recibieron las testimoniales de integrantes de las comunidades originarias, quienes sindicaron al ex jefe comunal como el cabecilla del robo de rieles.
Asimismo, destacó el resultado de la pericia realizada al teléfono del hijo de Gerala, pues de la misma surgieron mensajes que fortalecieron la teoría del caso y, sobre todo, el vínculo directo que tenía el ex intendente con los robos de rieles registrados en la zona.
Al respecto, la auxiliar fiscal señaló que el 19 de mayo del año pasado, personal policial de la localidad de Padre Lozano, en el marco de un operativo llamado “Municipio Seguro”, detuvo a dos camiones que transportaban 180 rieles sin la documentación correspondiente.
Explicó que el procedimiento se concretó sobre la ruta provincial 53 y que los conductores de los rodados, identificados como Edgar Agustín Britez y Mario Arístides Carrizo, quienes mintieron respecto a la carga, pues dijeron que era solo chatarra.
Luego, ante la insistencia de los policías por ver la carga, quedó al descubierto que transportaban rieles, sin ninguna documentación respaldatoria. Ante ello, Carrizo sostuvo que habían sido contratado por el ex intendente para trasladar la carga del paraje de Pluma de Pato, del municipio de Morillo, hasta Pichanal.
La situación procesal de los dos camioneros fue resuelta por el fiscal federal Marcos Romero, de la Desde Descentralizada de Tartagal, quien el 2 de octubre pasado, arribó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, como resolución de conflicto con los dos conductores.
Como parte del mismo, Carrizo y Britez realizaron una donación de más de tres millones de pesos en favor del hospital de General Mosconi, además de 16 horas mensuales de tareas comunitarias para una iglesia evangélica de la localidad de “Los Blancos”, por el lapso de un año, siendo todo homologado por el mismo juez Montoya.
Este caso, a pedido del fiscal general, fue agregado a la investigación y con ello se amplió el objeto procesal. Para la fiscalía el traslado de los rieles robados y las revelaciones dadas por uno de los camioneros fortalecen la teoría del caso, en especial la responsabilidad del ex jefe comunal en los hechos investigados.
Connivencia
En otro tramo de la audiencia, el fiscal sostuvo que uno de los roles centrales que tuvo el ex intendente consistió en la relación con el personal policial de ese municipio, a fin de evitar cualquier accionar que los pusiera al descubierto, “prueba de ello es que no hay ninguna actuación policial de Morillo respecto al robo de rieles registrados en su jurisdicción, pero si existen intervenciones de las dependencias policiales vecinas”.
“El robo se hacía a la luz del día, los vecinos escuchaban los ruidos de cortes y extracción de los rieles y de las maquinarias”, resaltó el fiscal, para quien el ex intendente tuvo un rol preponderante sobre las fuerzas de seguridad de esa localidad, dada la ascendencia que ejercer, producto de un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco que fue diputado.
Villalba definió la investigación como “sumamente compleja”, ya que se realiza a contrapelo de la policía de la zona, al punto tal, que se iniciaron actuaciones penales por la connivencia de personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia con asiento en ese municipio.
Indicó que las mismas no responden a deducciones, sino a evidencias surgidas de una serie de intervenciones telefónicas. Al respecto, la auxiliar hizo énfasis en un diálogo mantenido por el hijo del ex intendente con un oficial de la Comisaría de esa localidad.
En dicha comunicación, centrada en un reclamo del policía, aparentemente de dinero por el paso de camiones con los rieles, José Gerala tranquiliza al oficial que le hacía las demandas diciéndole “el comisario habló con mi viejo”, tras lo cual le confirma el pago de una importante suma de dinero por cada camión.
Recordó, a su vez, que los robos de rieles investigados se circunscriben a los parajes de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, adyacentes a Morillo. Dijo que una vez extraídos, el material ferroso era trasladado hasta un galpón administrado por Medina, en Orán.
En otros casos, como se probó en los allanamientos, algunos rieles aparecieron en una propiedad del ex intendente, mientras que otra carga ya estaba lista en orillas del río Bermejo para se traspasados a Bolivia, donde se reducía todo el botín por sumas millonarias, lo que se hacía a contrapelo de la prohibición de exportación de material ferroso que, hasta fines del año pasado regía en todo el país.
Mano de obra y amenazas
Para la extracción y traslado de los rieles, según la fiscalía, los acusados se valían de pobladores de las comunidades originarias de la zona, lo que fue confirmado a través de numerosas testimoniales, como por evidencias extraídas del teléfono de uno de los imputados.
Al respecto, la auxiliar fiscal remarcó que el camionero Carrizo, detenido tras la intervención de personal policial de personal de Padre Lozano, reveló que la carga de los rieles a los camiones fue realizada por aborígenes del lugar, los que también tuvieron a cargo la extracción.
Para el traslado de los mismos a los lugares de donde iban a sacar las vías, se utilizaba la camioneta del entonces intendente, ahora secuestrada. Este dato quedó corroborado por fotos extraídas del teléfono de su hijo, las que muestran a los aborígenes cargados en la caja de dicho rodado, mientras que, en un video, se observa cuando realizan la extracción de los rieles.
Además, los propios integrantes de dichas comunidades, ante el equipo de la fiscalía, dijeron que habían sido contratados por el ex intendente y que era su hijo, quien dirigía las cuadrillas para el saqueo de los rieles, lo que se hacían con herramientas y maquinarias del municipio.
También señalaron que recibieron amenazas por parte del entorno de Gerala, quien ejercía sobre los aborígenes y todo el pueblo una gran influencia, pues la extracción de las vías se hacía a plena luz del día y los vecinos reconocieron que los ruidos de se escuchaban en todo el pueblo, pero nunca la policía tuvo alguna intervención al respecto.
A todo esto, el ex intendente no se quedó callado y pidió declarar. “Yo no tengo nada que ver en esto, ni con los camiones, ni con los fierros, absolutamente nada…no sé porque dicen los camioneros mi nombre, si viene al caso, con todo respecto, si son siete mandatos que estuve es porque el pueblo me ha elegido y cada vez gane mejor la elección, no creo que haya sido tan malo, ya voy a cumplir 70 años y le puedo asegurar que nunca tuve nada que ver en nada, esto todo para mí es un manejo político”, aseguró.
Negó también tener relación con los aborígenes y en cuanto a su camioneta, dijo que un empleado realizó tareas de iluminación en la zona con la camioneta, tras lo cual reiteró que no tiene relación con las acusaciones en su contra.
Por su parte, el fiscal general reconoció la legitimidad de su elección, lo que no le impidió valerse de la misma. “Atta fue elegido por el voto popular y por ello tiene influencia sobre el pueblo, pero la misma circunstancia que haya sido la autoridad tantos años, condujo a los vecinos a pensar que la extracción de los rieles había sido dispuesta por la autoridad estatal, cuando no fue así, púes se trata de bienes que son del dominio público del Estado Nacional, al que tanto le cuesta construir”, remarcó por último el fiscal general.