Durante el mes de diciembre de 2019 se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, China, la irrupción del COVID-19. En lo personal no recuerdo cuando fue, pero veía en la tele sobre este virus extraño, y que provocaba un severo cuadro de neumonía y mataba, así un día de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por COVID-19, indicando a todos los países la necesidad de crear y activar protocolos de actuación para ampliar los mecanismos de respuesta ante la emergencia impuesta por este virus.
En ese mismo mes se confirmó el primer caso en Argentina y unas semanas después se anunció en nuestro país a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así empezamos a contar decenas de contagios, luego por cientos, miles y decenas de miles. Pero un día los medios de comunicación daban cuenta de las primeras muertes a causa de ese virus y las muertes empezaron a ser decenas, cientos y luego miles. Y empezaban a tener nombre, y eran conocidos algunos y cada vez era mayor la incertidumbre, abuelas o abuelos, madres o padres, hijos, hijas, se iban, y el dolor también crecía.
Pasaba el tiempo y empezamos a hablar de protocolos, de cierres, de cuarentenas, de picos, de primeras olas, de la nueva ola, de las nuevas cepas de las vacunas y así seguimos, pero hoy la preocupación no es solo lo que pasa, sino lo que deja, y principalmente en nuestra mente y cuerpo.
La realidad nos muestra que estamos inmersos en una pandemia, que puso sobre la mesa y agravo muchos conflictos y problemas que vivian las familias argentinas, uno de ellos es la salud mental, que antes era un tema que nos rodeaba, pero del que no se hablaba, con el que convivimos en silencio, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico; son términos clínicos que se escuchan a veces para tapar conceptos más duros como miedo, abatimiento o desesperación…
Estudios realizados en el marco de pandemias evidencian su impacto en la salud mental de las personas y su asociación con numerosos trastornos psicológicos como consecuencia del estrés que estas situaciones generan.
Nadie puede dudar sobre las consecuencias económicas y sociales del estrés no tratado, o tratado de manera inadecuada, asociándose con pérdida laboral, trastornos de ansiedad, depresión, violencia doméstica, consumo de drogas, abuso de alcohol y comportamiento suicida.
Estos síntomas se intensifican en los países en desarrollo, como el nuestro, donde la mayor parte de la población presenta salarios bajos o son trabajadores independientes. Por otra parte, datos previos acerca del confinamiento, evidencian efectos psicológicos a largo plazo, como mayores tasas de trastorno depresivo mayor, y de trastorno por estrés postraumático.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus, es decir la nueva realidad de distanciamiento físico, home office, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar, o la falta de educación por la desigualdad digital que sufren las familias y la perdida de seres queridos y amigos.
Por estos motivos cada día debemos hablar un poco más sobre la financiación del sector de la salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, establecía que el Estado debía destinar el 10% del presupuesto sanitario a ese ámbito y apuntar a un tipo de abordaje comunitario. Más de una década después, las metas que fijó están lejos de cumplirse. Para 2021, el porcentaje del presupuesto destinado a salud mental es del 1.47%. Muy por debajo de lo que la ley establece,
Las demandas cada vez serán mayores porque la pandemia está provocando un incremento de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad.
Según datos de la OMS para el año 2014, Argentina destina un 4.8% de su PBI al sector salud y el costo prestacional en salud mental representa el 2% del total del gasto en salud.
En Argentina el 21% de los jóvenes y adultos padece algún trastorno mental, el alcoholismo llega a 27,5%; seguido por la depresión mayor con 26,5%; los trastornos post traumáticos y la ansiedad generalizada con 7,4% y 6,4% respectivamente; el 18% de la población total hizo uso alguna vez de tranquilizantes o ansiolíticos (Alvarado, 2013). La tasa de mortalidad por suicidio por cada 100.000 personas es de 10,3 (OMS, 2012).
Este país destina el 25% de su presupuesto total en salud específicamente a medicamentos. El consumo de psicofármacos ha registrado un exponencial aumento desde el año 2014 (COFA, 2014).
Argentina, en comparación con países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, España, Costa Rica, Australia es el país que menos invierte en salud en general, y en salud mental en particular, como porcentaje de su PBI.
Si se destaca que Argentina es el país que más gasta en medicamentos, duplicando las inversiones llevadas a cabo por Chile y Uruguay
En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial, y se espera que por la pandemia aumenten aún más. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva (OMS, 2012).
Una buena salud mental es absolutamente fundamental para la salud y el bienestar en general
A medida que la pandemia siga su curso, se intensificará la demanda de programas nacionales e internacionales de salud mental, que se encuentran debilitados por años de carencias crónicas de
Es tiempo de visibilizar y normalizar el problema de la salud mental, un drama que se sufre en privado y con vergüenza, y que será seguramente la tercera ola que traerá esta pandemia.
En este contexto, y a 10 años de la ley 26.657, es urgente que el Estado aumente los recursos para salud mental y los destine a:
- Robustecer el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención
- Crear dispositivos que garanticen la vida en comunidad (viviendas asistidas, cooperativas de trabajo, servicios de atención domiciliaria, entre otros)
- Abrir servicios de salud mental en hospitales generales
- Brindar a las personas recursos para sostener la vida en comunidad luego de la externación
- Fortalecer los organismos de control y protección de derechos
La salud mental es un problema social y de eso debe hablarse cada día más para que se produzca un cambio a nivel político y se dé más importancia al sistema sanitario público.
*Abogado -Dirigente
Diplomado en Políticas Publicas
Distributivas y Desigualdad