Después de la polémica por el paradero del empresario del transporte, beneficiado con arresto domiciliario pero trasladado a un sanatorio de Buenos Aires, la fiscalía aseguró que «todo se ajustó a derecho».
El Fiscal Federal, Carlos Amad aseguró que el empresario salteño condenado por delitos de lesa humanidad y quien goza actualmente de arresto domicilio, Marcos Jacobo Levin, no rompió ningún protocolo y que «todos los procedimientos se ajustaron a derecho».
«No rompió la prisión domiciliaria ni se quitó la tobillera», afirmó el Fiscal Amad y señaló que el detenido de 90 años sufrió una descompensación que necesito una atención médica de urgencia. «Ni bien se lo trasladó a una clínica de Tres Cerritos, el abogado notificó al Tribunal Crimen Oral Federal N°1.
«La tobillera es un dispositivo que alerta a las autoridades sobre un movimiento más allá de los límites establecidos para la prisión domiciliaria y antes de que se dispare el abogado realizó un aviso «en tiempo real», dijo Amad.
«Tiene 90 años, se descompensó y los médicos le quitaron la tobillera para practicar un estudio que requería, no la rompió porque estaba inconsciente», subrayó Amad y remarcó que «todo se ajustó a derecho».
La polémica por su paradero
La tarde de este miércoles, organismos de Derechos Humanos denunciaron que Levin había roto el arresto domiciliario y que viajó a Buenos Aires después de realizarse estudios en el Hospital Privado de Tres Cerritos. Incluso, había trascendido que se quitó la tobillera y quedó tirada en el sanatorio.
Levin cumple arresto después de que el año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta, integrado para este caso por las jueces Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi y el juez Abelardo Jorge Basbús, declaró coautor de los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas» e «imposición de tormentos agravado por resultar las víctimas perseguidas políticas» cometidos en perjuicio de 16 personas y lo condenó a 18 años de prisión.
En 2016, Levin ya fue condenado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas a Víctor Manuel Cobos, que era delegado gremial de la UTA en La Veloz del Norte, donde se desempeñaba como chofer.