Los registros de cámaras de video permitieron detectar la intervención de un cabo y de un sargento de la Gendarmería Nacional en las maniobras previas a una operación de tráfico en Aguaray.
Dos integrantes del Escuadrón 52 “Tartagal” de la Gendarmería Nacional fueron imputados y quedaron detenidos en prisión preventiva por los delitos de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes y por su calidad de funcionarios públicos, en grado de coautores, tras haber sido identificados en la preparación de la operación de tráfico de 161 kilos de cocaína descubierta el 5 de mayo en un control vehicular en Aguaray.
La imputación fue requerida por la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani, de la Sede Descentralizada de Tartagal y recayó sobre el sargento primero Carlos Alberto Sorani y el cabo primero Alexis Iván Aguirre, con 26 y 13 años de servicio, respectivamente.
La jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dio por formalizada la investigación, autorizó una serie de peritajes y dictó la medida de coerción para ambos gendarmes, a partir de fundamentos expuestos por la fiscalía.
Al presentar el caso, la fiscal Orsetti señaló que la imputación se enmarca en una investigación iniciada el 5 de mayo pasado, cuando fueron detenidos el taxista Oscar Navarro y su pareja, Gloria Cardozo, quienes viajaban en una camioneta Ford Ranger desde Salvador Mazza hacia Aguaray.
Precisó que el procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 54 en la ruta 34 en un control de rutina, en el acceso a Aguaray, y que, al examinar los papeles del rodado, conducido por Navarro, se detectó que la cédula tenía pedido de retención.
La fiscalía añadió que en la revisión física del rodado, en tanto, un perro adiestrado marcó de manera positiva la presencia de estupefacientes, y que una requisa más profunda permitió descubrir la existencia de 173 paquetes con cocaína en un doble fondo de la caja, en el respaldo de los asientos traseros y en el piso de la camioneta.
En total, se incautaron 161 kilos de cocaína. El conductor y su pareja, quien viajaba junto a un hijo menor con discapacidad, fueron detenidos. La fiscalía les imputó el delito de transporte de estupefacientes, que luego fue agravada por el número de intervinientes tras la imputación posterior a los dos gendarmes.
Las representantes del MPF explicaron la conexión de este hecho con los integrantes de la fuerza federal de seguridad. Expusieron que, a partir de distintas tareas investigativas, entre ellas un barrido de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Policía de Salta, reconstruyeron el circuito realizado por la camioneta Ford Ranger.
En tal sentido, señalaron que la tarea permitió definir el trayecto del vehículo y la intervención de un auto Chevrolet Cruze, cuyos ocupantes tuvieron un rol clave en la ejecución de la empresa criminal. Añadieron que las imágenes detectaron que el Chevrolet había salido de Salvador Mazza, recogió a otra persona en Tartagal y regresó. Luego, ingresó al barrio Cerro, de donde salió como “coche puntero” de la Ford Ranger. Ambos rodados siguieron hasta la estación de servicio de Salvador Mazza, en las calles San Martín y Paseo Güemes.
Según se estableció en la secuencia, el auto quedó estacionado y la camioneta, que ya era conducida por uno de los hombres, siguió viaje hasta la casa de Navarro, quien por la noche emprendió el transporte de la droga hasta que la maniobra se frustró en Aguaray.
La fiscalía expuso que pudo identificar a los dos hombres que se movían en el auto, quienes resultaron ser Sorani, propietario del Chevrolet, con el que además solía trasladarse a su puesto de trabajo en la Gendarmería Nacional.
Evidencias
La fiscalía narró que tras conocerse los domicilios de los miembros de la fuerza de seguridad se sumaron otras evidencias. Al respecto, sostuvo que la póliza de seguro de la camioneta Ford Ranger era pagada por Aguirre. También se conoció que el 27 de noviembre del 2024, en un control vehicular de El Dorado, en Misiones, personal de la misma Gendarmería le había retenido la cédula verde porque la camioneta no estaba a su nombre.
Entre otros indicios, la fiscalía mencionó un informe de la misma fuerza respecto a un control al que fue sometido Aguirre el 25 de marzo pasado, en el mismo puesto de Aguaray. El reporte reveló que el acusado conducía esa camioneta, que fue revisada y se descubrió que tenía un doble fondo en la caja y pintura fresca en distintos sectores.
En cuanto al sargento, la fiscal remarcó que, además de los registros fílmicos que lo ubican en el escenario de los hechos, en el teléfono secuestrado de Navarro se identificó una línea asociada a una cuenta de plataforma de pago digital a nombre de Sorani, quien, a su vez, lo tiene registrado como amigo en sus redes sociales.
En este contexto, la auxiliar fiscal sumó otro indicio de sospecha un incidente en el que su vehículo, el Chevrolet Cruze, con posterioridad al 5 de mayo -fecha de la detención de Navarro- estuvo abandonado varios días en la ruta 34, a la altura del barrio Justo Juez. Al proceder a su secuestro, los gendarmes se toparon con un vecino del lugar, que se acercó y sostuvo que el vehículo lo había tomado como parte de pago de una operación comercial, de la cual no pudo aportar datos específicos, pues mencionó a un tercero sin detallar su identidad.
Con las evidencias e indicios, la fiscalía solicitó la detención de ambos gendarmes. La medida se llevó a cabo el 29 de mayo pasado. En el caso de Aguirre, su captura se produjo en el mismo Escuadrón 52, donde prestaba servicios como chofer.
Sorani, en tanto, fue detenido el mismo día, pero en la ciudad jujeña de San Salvador, cuando circulaba en otro automóvil junto a su familia.
Había viajado a esa provincia en colectivo y no utilizó el Chevorlet Cruze, lo cual para la fiscalía confirma la hipótesis de que trató de deshacerse del auto tras conocerse la detención de Navarro.
Estas medidas -agregó la auxiliar fiscal Milani- se complementaron con allanamientos en la casa de ambos gendarmes. En la vivienda del sargento se secuestraron varios teléfonos celulares.
Este aspecto fue resaltado por la fiscal Orsetti al requerir la prisión preventiva de ambos funcionarios. Fundó la medida de coerción en el peligro de fuga y el entorpecimiento procesal, la naturaleza y gravedad del hecho y la alta escala penal que hacen imposible una modalidad de prisión condicional, en caso de llegar a una condena.
Orsetti resaltó el estado incipiente de la investigación, con medidas de pruebas aún pendientes. En ese sentido requirió una serie de peritajes a fin de establecer la posible participación de otros implicados en la maniobra, que fue considerada gravísima por el despliegue y la cantidad de cocaína secuestrada.
Con ese mismo tenor, y ante la falta de objeciones de la defensa a la medida de coerción requerida y la formalización de la imputación, la jueza hizo lugar a los requerimientos de la fiscalía, incluida la prisión preventiva, ante el “alto riesgo” de fuga latente.