Se trató en Comisión de Senado de la Nación el proyecto de la senadora por Salta, Nora Giménez, que prorroga la Ley 26160 hasta el 2025.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, presidida por el senador Carlos Caserio (FdT), legisladores nacionales trataron el expediente S-1813/21 de autoría de la senadora Nora del Valle Giménez (FdT) que prorroga la ley 26.160 de Emergencia territorial indígena, hasta el 23 de noviembre de 2025. Las deliberaciones sobre este proyecto no contaron con la participación del interbloque Juntos por el Cambio por considerar que no estaba en vigencia el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara Alta, que será votado en la próxima sesión.
Durante la exposición, la senadora Giménez afirmó que «la urgencia de esta ley es que el 23 de noviembre de este año se vence la prórroga y nos vamos a quedar sin ningún instrumento legal que permita evitar los desalojos de todas esas tierras» y que «actualmente hay entre 1.600 y 1.700 comunidades». «Lo que se busca es incorporar a todas aquellas que todavía no han sido relevadas», detalló al tiempo que resaltó que «es indispensable asignar una partida porque este año se ha trabajado sin recursos propios». «La prórroga es una responsabilidad para garantizar la paz social en todo el país», concluyó.
Varios senadores del Frente de Todos que participan en la Comisión de Presupuesto y Hacienda manifestaron su apoyo al proyecto y el presidente del Bloque del FdT, José Mayans señaló que está la predisposición de la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda y de representantes de asociaciones de comunidades originarias para efectuar una reunión la semana entrante y de esa manera evacuar todas las consultas de los senadores, pero que se hacía necesario por la escasez de tiempo sacar dictamen esta semana para ser tratado en la próxima sesión.
Por último, el senador nacional Carlos Caserio informó que los dictámenes pasarán a la firma «para que estemos con la aprobación de la Comisión para que en el momento que podamos sesionar, del modo que las autoridades de la Cámara decidan sesionar, podamos darle tratamiento en el Recinto a estos proyectos».
La ley 26160, aprobada en 2006, permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Estuvo inspirada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.
En el tiempo transcurrido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar sólo 742 de las 950 comunidades identificadas en 2006. Y a ese número se han agregado otras, en su mayoría desmembramientos de grupos existentes, que ampliaron a cerca de 1.700 el número de comunidades a relevar. Por ello el proyecto de la senadora Nora Giménez extiende hasta 2025 la vigencia de la ley para poder completar el Relevamiento Territorial, y establece una partida presupuestaria especial para concluir esa tarea.