El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella dispuso la creación de una nueva Unidad Fiscal para intervenir en la investigación por el brutal crimen ocurrido en Vaqueros.
La resolución que tomó el Procurador General de la Provincia señala “que teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones tramitadas corresponde, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol, que implica cumplir con el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.
Por ello, sostiene la resolución que firmó García Castiella, resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron”.
La nueva Unidad Fiscal estará integrada por la Fiscal Penal Especializada en Femicidios, Mónica Susana Poma, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos Auxiliares.
Vale recordar que en mayo del año pasado, la Sala VII deI Tribunal de Juicio absolvió al plomero Sergio Horacio Vargas y al ejecutivo Nicolás Cajal Gauffín en el marco del juicio por el crimen de la joven Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.
El hecho conmocionó a toda la provincia por sus características de violencia, dado que Salas fue atacada a cuchilladas al mediodía cuando se encontraba en su casa junto a sus dos pequeñas hijas.
Los investigadores nunca dieron con los autores materiales del crimen, que serían dos hombres parientes entre sí, según los perfiles genéticos que se encontraron en el lugar del crimen.
Después de años, el Ministerio Público Fiscal acusó al viudo de haber encubierto el hecho y a Vargas, que el día del asesinato anduvo por esa zona vendiendo calzados puerta a puerta, de haber realizado tareas de inteligencia para los asesinos.
Sin embargo, las pruebas que el Ministerio Público Fiscal presentó en el debate no alcanzaron para convencer al Tribunal de que Vargas y Cajal Gauffín tuvieran algún grado de responsabilidad penal sobre el hecho. El Tribunal ordenó también la “inmediata libertad” de Vargas, que llegó con prisión preventiva a este debate.