Antes de la audiencia de imputación, el funcionario presentó un pedido de excepción ante el Juzgado de Garantías 8, a cargo de Claudia Puertas, para una nueva suspensión de la imputación.
En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, el Fiscal General Federal se presentó en el Ministerio Público Fiscal a fin de prestar declaración en audiencia imputativa.
Antes de la apertura de la audiencia, el fiscal Federal y su abogado informaron a Sodero que habían presentado un planteo de excepción de previo y especial pronunciamiento en el Juzgado de Garantías 8, a cargo de Claudia Puertas, para la suspensión del acto.
Dado que ya la Fiscalía debió suspender en dos oportunidades la audiencia, Sodero decidió continuar con el procedimiento y tomarle declaración al fiscal, quien finalmente se abstuvo de declarar hasta tanto el Juzgado de Garantías no resuelva sobre la excepción.
Cabe recordar que el 31 de mayo pasado, el magistrado federal fue imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por la violencia de género en concurso real, con daños en concurso real, con privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad (estos dos últimos en concurso ideal entre sí). Al momento de declarar, el Fiscal Federal –asistido por un Defensor Público- solicitó una prórroga para interiorizarse sobre las actuaciones y la prueba reunida, requerimiento que le fue concedido por la Fiscal, fijándose la audiencia para el lunes 6 de junio.
El 6 de junio, el Fiscal Federal designó un nuevo abogado particular que volvió a pedir una prórroga para conocer las actuaciones realizadas hasta el momento. Tal como establece el Código Penal, Sodero le concedió la nueva dilación, fijándose como fecha definitiva el 9 de junio a las 14.
Por otra parte, la defensa del fiscal Federal presentó un certificado médico y solicitó que no se le practiquen pericias por los próximos 30 días por encontrarse en tratamiento.
Mientras, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación de los delitos daños, privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad por ser de acción pública. También la Fiscalía avanza en la investigación del delito de lesiones, pese a la ausencia por parte de la víctima, ya que “dadas las particularidades del caso, en tanto se trata de violencia de género con evaluación de riesgo positiva, que obliga al Estado a intervenir atento los compromisos internacionales asumidos a través de la Convención de Belém do Pará, que permiten afirmar que estamos ante la excepcionalidad que prevé la citada normativa en cuanto se trata de una cuestión de interés público que amerita y exige la actuación oficiosa de los operadores jurídicos en su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, a la par que deviene imperativa la protección integral de la víctima”.