El ex jefe policial fue considerado responsable de la agresión que sufrió la hermana de un militante asesinado en abril de 1975. Ocurrió cuando la víctima se presentó para recuperar el cuerpo del hermano.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz condenó a ocho años de prisión al excomisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por el delito de «abuso deshonesto agravado por la calidad de funcionario, el uso de intimidación y por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor mediato». La calificación legal coincide íntegramente con lo requerido por el fiscal general Carlos Martín Amad en su alegato, donde había solicitado una pena de 10 años de prisión.
El juicio contra Guil, que ocupó varios cargos jerárquicos dentro de la policía provincial, había comenzado 21 de septiembre pasado. El eje central de la acusación giró en torno a lo sucedido el 24 de abril de 1975 cuando una mujer se presentó en el edificio central de esa fuerza con el objetivo de solicitar una autorización para retirar el cuerpo de su hermano, asesinado cuatro días antes en un hecho conexo conocido como la “Masacre de San Lorenzo”. En el alegato, del que también participó el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, el representante del MPF tuvo por acreditado el abuso sufrido por la víctima.
De acuerdo a lo relatado por la mujer, cuyo testimonio fue vertido en calidad de testigo durante el juicio conocido como Ragone II, al llegar al edificio policial fue recibida por un oficial morocho, de baja estatura y con uniforme gris, quien parecía ser el “jefe”, pues todos los otros que allí estaban le obedecían. Explicó que en ese momento la hicieron pasar a otra dependencia donde fue obligada a desnudarse y donde el uniformado abusó sexualmente de ella delante de otros 20 policías más.
En su exposición, la fiscalía había hecho foco en “la caracterización de estos hechos como crímenes de lesa humanidad”. «Los abusos sexuales que aquí juzgamos guardan una estrecha relación con la Masacre de San Lorenzo, siendo este uno de los sucesos más destacados del accionar represivo ilegal en la provincia de Salta”, explicaron. “Este caso ofrece una muestra muy representativa de la verdadera extensión que tuvo el fenómeno represivo. No solo se trataba de la persecución y represión de disidentes políticos, sino que el accionar represivo se extendió al círculo de personas vinculadas, en particular los familiares de las víctimas”, sostuvieron.