Moroni ofició de árbitro para una propuesta de suba de 35% por 2020 y un piso de 25% para la paritaria del año que viene.
Además se resolvió elevar a $70.000 el bono de cierre de cada año con un ajuste de 35% en línea con el valor final del aumento de este año y otro «adicional Covid” de $90.000 que los dos gremios del rubro habían pedido para compensarles a los operarios las labores desarrolladas durante la pandemia.
El entendimiento de las cámaras empresarias con la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón (Ftciodyara) y el sindicato de San Lorenzo (SOEA) avanzaba al cabo de 21 días consecutivos de huelga conjunta con la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), una entente inédita en la actividad que mantuvo el conflicto con una parálisis total de las exportaciones granarias en la franja portuaria de Timbúes a Bahía Blanca, el eje de mayor volumen del complejo sojero. Los últimos intercambios contaban con la intervención del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como canal de diálogo para la definición de la propuesta de consenso.
La dinámica de la negociación promete exponerla como la primera con vigencia en 2021 que saltea la lógica de igualar la inflación -la hipótesis de máxima más usual en la ronda de paritarias de los últimos años- para plantear una mejora efectiva del poder adquisitivo del salario de los operarios. Esa premisa encastra con el último discurso de Cristina de Kirchner cuando destacó la necesidad de que el año próximo los sueldos y las jubilaciones puedan imponerse a la inflación y las tarifas.
La extensión de la pulseada también había motivado preocupación en el Gobierno: el freno a las exportaciones tenía como correlato la ausencia de ingreso de divisas por esas operaciones.