La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen sobre los proyectos de inclusión laboral para la población trans travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
El dictamen cosechó un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la mayoría de los diputados Juntos por el Cambio, aunque la izquierda y algunos legisladores de JxC plantearon disidencias parciales y otros se abstuvieron.
Los diputados que firmaron en disidencia fueron los radicales Albor Cantard, Fabio Quetglas, Dolores Martínez, Soledad Carrizo y Estela Regidor, y la diputada del Pro Natalia Villa.
El texto consensuado establece que el Estado nacional «debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes».
«A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley», dice otro de los artículos.
Uno de los aspectos que generó debate es el artículo que establece que se entiende por «personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer».
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Frente de Todos), sostuvo que la iniciativa busca «la incorporación al ámbito laboral formal muchas compañeras travestis para pensar en otros proyectos laborales y que implican dejar de lado la prostitución como actividad de supervivencia».
«Hay temas que no pueden esperar porque tenemos una deuda enorme por eso es fundamental que podamos avanzar en este proyecto», apuntó.
En ese sentido, la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, recordó que se trata de «una larga lucha de todo el colectivo trans», al destacar la importancia de que la iniciativa «se convierta en ley y en derecho» para «conseguir la efectiva incorporación laboral de las personas trans y travestis» al trabajo.
«Es fundamental en esto la participación de las organizaciones sindicales», afirmó Siley, al señalar que «el rol del Estado es equilibrar las desigualdades sociales».
También, la diputada del PRO Silvia Lospennato, vicepresidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, puso de relieve la importancia del decreto del presidente Alberto Fernández de cupo laboral en la administración pública y sostuvo que «es importante dar el debate para avanzar y llegar cuanto antes con la ley».
Otro de los puntos más destacados dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo».
Sobre el tema, la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos), autora del proyecto impulsado junto a la Liga LGBTIQ+ de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, remarcó: «Queremos incluir allí donde históricamente hubo violencia y abandono».