La senadora nacional Nora Giménez expresó su preocupación por el avance de los desmontes, denunció facilidades y falta de información. Sin embargo, el Gobierno salió al cruce.
La senadora nacional del Frente de Todos expresó su preocupación por el avance de los desmontes en Salta y anunció la presentación de dos iniciativas vinculadas al tema. La primera es un pedido de informes en el que la legisladora pide al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable precisiones sobre la aplicación en la Provincia de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques. La segunda es un proyecto de declaración expresando preocupación por los trabajos de deforestación que se realizan en tierras de la comunidad “Territorios Originarios Wichí”, ubicada sobre la ruta nacional 86.
Sobre ese último punto, el Gobierno provincial salió al cruce y señaló que en el año 2018 la comunidad indígena Territorios Wichi ubicada a 3 km hacia el norte de la ruta 86, denunció tala ilegal. Por lo que en diciembre del año siguiente, y como consecuencia de una demanda ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Tartagal, se interpuso una medida cautelar de no innovar. Desde esa fecha, la policía realiza controles para el cumplimiento efectivo de la intervención judicial.
La Senadora también detalló que presentó un pedido de informes acerca del impacto que tendrán los cambios introducidos en la normativa por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que redujo los requisitos para autorizar desmontes. Sin embargo, el Gobierno volvió a cruzarla y marcó que no hubo reducción de requisitos sino que se aumentaron.
Puntualmente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable precisó que fijó mayores exigencias para cambios de uso de suelo y ahora todos los desmontes deben presentar estudios de impacto ambiental y cumplir ineludiblemente con el requisito de la audiencia pública. Hasta el momento, los proyectos menores a 300 hectáreas, no exigían ni Audiencia Pública ni Estudios de Impacto Ambiental pero, según dijo Ambiente de la Provincia, a partir de la emisión de la resolución 333 y 411 las exigencias aumentarán.
Esa misma resolución habilita, sin perjuicio de la celebración de la audiencia pública, que la Secretaría de Ambiente pueda exigir una herramienta de mayor difusión, información y consulta previa, respecto de cualquier tipo de plan presentado. Esto se denominó Guía de Participación y Consulta Previa y la Secretaría podrá exigir una norma, otra o las dos juntas.
Por último, la Senadora Giménez recordó que Salta encabeza junto a Santiago del Estero los desmontes en el país y los incumplimientos de lo establecido en la Ley de Bosques. Señaló además que el Ordenamiento Territorial de la provincia está vencido desde 2014, cuando debía ser revisado; y a pesar de los reclamos de diferentes organizaciones el Gobierno salteño decidió avanzar con la realización de nuevas audiencias públicas para autorizar más desmontes.
Ante esto, el Gobierno se remontó al discurso del propio Gobernador Gustavo Sáenz ante la Asamblea Legislativa que precisó que se está trabajando en el nuevo Proyecto de Ley de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y, hasta tanto, “no se autorizarán nuevos proyectos”, remarcaron.