El Consejo Económico y Social, esa institución de diálogo multisectorial inspirada en experiencias europeas y que pregonaron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, pero que Alberto Fernández enarboló como propia durante la campaña electoral, nacerá con el inicio de 2021 por un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Además nacerá sacudido por las internas sindicales y la desconfianza de un sector predominante de la CGT hacia Cristina de Kirchner. Con esa mochila y el descreimiento por parte de un sector del propio Frente de Todos la mesa será llamada a hacer los primeros intentos por un diseño consensuado de política económica, social y educativa perdurable.
En el Ejecutivo concluyeron que para el arranque de las deliberaciones bastará con el dictado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y recién después de asentada la mesa (en caso de resultar viable) se podrá avanzar hacia su institucionalización definitiva mediante un proyecto de ley al Congreso.
El diseño del Consejo es todavía difuso y más relacionado con el voluntarismo que con una herramienta concreta de planificación de políticas públicas. De acuerdo al funcionario que se consulte podrá ser el cauce para establecer acuerdos de precios y salarios, regulación de tarifas, armado de planes sociales a la medida de la pospandemia, reestructuración de esquemas tributarios y hasta lineamientos de la currícula educativa.
En la administración de Alberto Fernández están más convencidos de la necesidad de contar con la maquinaria que de lo que hará falta construir.