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El Gobierno activó los mecanismos para las reformas judiciales

Algunas iniciativas anunciadas por el presidente Alberto Fernández ya tienen tratamiento legislativo, otras se activarán en las próximas semanas. 

El Gobierno comenzó a activar los mecanismos para llevar a la práctica los anuncios de reforma de distintos estamentos del Poder Judicial realizados por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, informaron a Télam fuentes oficiales.

En tanto, ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario -en algunos casos con media sanción del Senado- o que serán presentadas en el corto plazo, como la reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un Tribunal Federal de Garantías.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, pidió al Parlamento que debata la reforma del fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación, en línea con el reclamo planteado el lunes último por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

En relación al funcionamiento de la Corte Suprema, Losardo indicó que es necesario “establecer la exacta competencia que le otorga la Constitución”, y en este sentido pidió analizar el alcance del “recurso extraordinario federal”.

“Los supuestos de los recursos se fueron ampliando y hoy se admiten casos de arbitrariedad que llevan a la discrecionalidad. La ampliación de casos que debe resolver la Corte es materialmente imposible y así es como una causa puede estar años en la Corte”, evaluó.

Los jueces, por su parte, no habían logrado consensuar una postura: desde la mañana de este martes la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional prometía la difusión de un comunicado que seguía sin emitirse.

Uno de los anuncios emanados luego del discurso presidencial es la creación de una Comisión Bicameral que “auditará” al Poder Judicial, levantando una ola de críticas por la posible intromisión en otro poder del Estado, rompiendo las reglas de tradición republicana.

Para garantizar la credibilidad de esta Comisión, el presidente Alberto Fernández le habría solicitado a Sergio Massa que defina las atribuciones del esta comisión.

“El Presidente confía en la mirada institucional del titular de Diputados y en su capacidad de negociación para lograr un resorte legislativo consensuado con Juntos por el Cambio que pueda monitorear la actividad de magistrados y fiscales sin interferir en sus decisiones jurisdiccionales”, aseguran.

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