Senado Salta

El Senado de Salta creó un registro de obstructores de lazos familiares

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto para sancionar a los y las obstructoras de lazos y también sancionó una ley que impide que deudores alimentarios accedan a cargos jerárquicos. 

En sesión, el Senado de Salta aprobó dos proyectos de ley que buscan limitar las posibilidades de que las personas que han roto sus vínculos de pareja incumplan con sus deberes respecto de hijas e hijos. 

Por un lado, aprobó la creación del Registro de Obstructores de Lazos Familiares, de autoría del senador Emiliano Durand. 

En esta lista, que dependerá del Poder Judicial, deberán ser registrados el padre, madre o tutor que «gozando de la tenencia de alguno o algunos de los hijos menores y/o incapaces, y mediare régimen de visita establecido judicialmente o por convenio homologado por la misma vía, impidan tener contacto con su progenitor (padre o madre) no conviviente y/o por quienes tengan derecho de visita». 

Durand explicó que este Registro es similar al de deudores alimentarios morosos, dijo que se hace para «garantizar el derecho del contacto» y recordó que ya está previsto en la Ley nacional 24270 y en el Código Civil. Añadió que quienes estén incluidos en este regimiento tendrán una serie de «sanciones»: no podrán contratar con el estado u obtener créditos del estado, no podrán ser empleados del estado, no podrán postularse a cargos electivos. El proyecto, que también invita a empresas privadas a pedir esta información antes de contratar, pasó a la Cámara de Diputados en revisión. 

Por otro lado, se le dio sanción definitiva al proyecto de ley en revisión, por el cual se incorpora el artículo 4° bis a la Ley 7.411, que impulsa que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Salta, no puedan ser designadas como autoridad superior o en un cargo jerárquico en la administración pública centralizada o descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Auditoría General de la provincia. La iniciativa es de la diputada Mónica Juárez. 

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