La licitación del servicio de limpieza y recolección de residuos en la Ciudad de Salta ya se convirtió en una novela que cada día genera más dudas que certezas.
Desde la Municipalidad de Salta emitieron un comunicado informando la nueva fecha para la apertura de sobres de la licitación para el servicio de limpieza de la Ciudad y recolección de residuos, y a la vez generaron más dudas todavía a lo que se convirtió en un proceso lleno de interrogantes.
La información oficial, en la que siguen poniendo a la pandemia del COVID-19 como excusa, es que el 14 de septiembre será la apertura de sobres de la licitación, “con el objetivo de garantizar el proceso para la nueva contratación en tiempo y forma”.
Sobre este punto hay que aclarar que, por ejemplo, el Ministro de Gobierno de la Provincia, Ricardo Villada, ya dijo que es por la pandemia la provincia no suspendió ni prorrogó ninguna licitación, porque se tratan de actos que no son masivos y sólo participan los interesados, por lo que pueden guardarse las medidas de protección necesarias en materia de salud.
Otro dato curioso es la fecha que eligieron, 14 de septiembre, que en Salta es feriado y los feriados por las festividades en honor al Señor y a la Virgen del Milagro no se tocan, por lo que los días 14 (lunes) y 15 (martes) siguen siendo días no laborables para los salteños.
Pero, por si hacía falta agregar más sospechas a esta licitación, en la información oficial municipal indicaron que apelarán la medida cautelar que presentó la empresa extranjera Vega Engenharia Ambiental S.A. “para que ésta pueda participar como oferente”.
Participación que incluso justificaron el propio Nallar y la concejal Susana Pontussi, argumentando que una tercera empresa oferente le da más transparencia a la licitación, o que al haber más competencia se mejorarían las ofertas de las otras empresas y eso redunda en beneficio de la sociedad salteña.
Lo curioso aquí son las propias declaraciones de Daniel Nallar titular de la Coordinación Jurídica y Procuración de la Municipalidad de Salta, y uno de los integrantes de la comisión evaluadora, quien nunca dijo que la prórroga se decidió por esta acción judicial, sino que decidieron la prórroga para que se habiliten los plazos y esta empresa pueda ingresar en la competencia, que es lo que había pedido, aunque fuera de todos los plazos legales establecidos en el proceso de licitación.
Lo que sucede aquí es que al parecer, hipótesis con la que coinciden fuentes vinculadas a las dos empresas que originalmente compraron los pliegos y participan de la licitación, la Municipalidad necesitaba, por cuestiones políticas ligadas a Juntos por el Cambio, a Mauricio Macri y la cercanía del padre de la intendenta con este espacio, forzar el ingreso de esta empresa extranjera (vinculada a Nicolás Caputo) en la licitación, pero como todo tomó estado público y se convirtió en un escándalo, manotearon argumentos legales para seguir insistiendo en la transparencia de este proceso, y en la pandemia, y la sensibilidad que genera el tema como escudo protector de sus desprolijidades.
En realidad la Municipalidad tenía todas las herramientas necesarias para no generar tantas sospechas y embarrar la licitación, puesto que ante la presentación fuera de tiempo de la tercera empresa, la comuna estaba facultada para continuar con el proceso, simplemente porque la supuesta tercera interesada no cumplía con los plazos que el decreto de la licitación claramente establecían, pero decidieron hacer todo, un sábado en horas de la tarde, casi noche, a menos de 48 horas del día y hora fijados para la apertura de los sobres, que debía ser el lunes 24 de agosto a las 11 horas.
La cara de todo este proceso es el propio Nallar, pero en los pasillos (virtuales) municipales, aseguraron que lo que en realidad obligó a la Municipalidad a dar marcha atrás con su “buena voluntad” de permitir el ingreso de una tercera empresa, es que el escándalo salpicó a la propia intendenta Bettina Romero a quien por notas enviadas a su despacho y publicadas en diferentes medios se le dijo que el proceso tiene un grado de manipulación impropio de su envergadura, y que debe intervenir en persona porque esta situación “trae aparejadas actuaciones reñidas con los principios rectores que debe seguir todo proceso de contratación y evitar suspicacias que no hacen sino dañar las expectativas de la comunidad salteña en general”.