Los Derechos Humanos y la falsa dicotomía de los sofistas: Mano dura o inclusión social

Es sabido que las relaciones sociales y la institucionalización de los estados se hacen a través de normas, leyes, que establecen reglas básicas de convivencia, y reglas para los casos en que se violen esas normas de convivencia, a su vez esas leyes tienen preeminencia de algunas sobre otras, la constitución nacional está por encima de todo, y ninguna norma puede contradecirla, luego están los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional suscriptos por nuestro Estado, los tratados internacionales sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional que tienen igual rango que las leyes nacionales, luego encontramos las leyes provinciales y por ultimo las ordenanzas municipales.

Esta pirámide jurídica, sistemas basal de nuestro derecho argentino, debe ser armónica, es decir que siempre prevalece una norma superior sobre una inferior, la cual no puede contradecirla.

En la cúspide del sistema jurídico, se encuentran los Derechos Humanos, es decir aquellos derechos fundamentales de toda persona, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Declaración Universal de los DDHH, art 2). Es decir que su aplicación no distingue condiciones, sino son para todos por igual.

En políticas públicas, a diario, cuando algo sale mal o fue mal planificado, solemos escuchar de los sofistas, quienes parten de una premisa errónea, lo cual los lleva a una inexacta conclusión, ‘la culpa es de los derechos humanos’, con una falsa dicotomía entre ‘los derechos humanos del pasado vs. los del presente’, ‘los derechos humanos de los delincuentes vs. la gente de bien’, y algunas más, todas premisas falsas.

Los Derechos Humanos garantizan los Derechos Fundamentales de todas las personas por igual, por ende son indivisibles, no hay del pasado ni del presente, valga como ejemplo que los asesinos del gobernador constitucional de Salta, Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1976, hasta su condena, caminaban impunemente por la plaza principal de nuestra ciudad; tampoco es real la dicotomía de la de los derechos humanos de los delincuentes contra la policía, el organismo policial y sus integrantes cuentan con todas las leyes necesarias que avalan su accionar dentro del marco legal establecido pudiendo reducir a cualquier persona delinquiendo in fraganti o mediante orden de algún juez o fiscal, lo que no pueden hacer es torturarlo, claramente está prohibido, no de ahora, sino desde los orígenes de nuestra constitución, no sólo en nuestra legislación, sino en la de cientos de países del mundo.

Otro es el debate cuando, entendido esto, se debe discutir políticas públicas sobre seguridad, en el año 2008, en el seminario sobre el rol de los medios sobre seguridad ciudadana, realizado en Montevideo, el economista Bernardo Kliskberg, entonces asesor de la ONU y de varios gobiernos latinoamericanos, sostuvo que hay que diferenciar el crimen organizado de la delincuencia juvenil, porque la segunda tiene otro origen, con base en condiciones socio-económicas, como el desempleo joven, que dobla el desempleo general, y en las ‘trampas de la pobreza’, que se expresa en hogares hacinados, vulnerabilidad sanitaria y familias destruidas, también mencionó como causa de ese problema la alta deserción escolar.

En referencia a la dicotomía ‘mano dura vs inclusión social’, el economista afirmó que las recetas de la mano dura no han logrado hacer retroceder un ápice los niveles de delictividad. Por el contrario, han aumentado. La mano dura comete el error garrafal de mezclar los distintos tipos de criminalidad, por un lado el crimen organizado, las bandas de narcotráfico, del secuestro, la trata de mujeres y niños, el juego clandestino, y por otro lado la delictividad juvenil. Lo que está claro es que un plan de Seguridad no se concreta ni se realiza con medidas aisladas sino transversales y conjuntas de inclusión social.

Por último, durante la ‘Semana de la prevención social de la violencia y la delincuencia’, realizada en mayo de 2014, en la ciudad de México, disertaron diferentes especialistas en Seguridad Ciudadana, destacándose la necesidad de aumentar la prevención del delito, generando un efecto disuasivo en el delincuente, además le permite tener una relación cercana con la comunidad, obteniendo información de los mismos ciudadanos.

En definitiva, está claro que los voluntarismos o medidas aisladas nada solucionan a la Seguridad ciudadana, los proyectos o el Plan de Seguridad deben partir de los stándares internacionales en Derechos Humanos y abarcar diferentes aspectos de las políticas públicas a reformar, es decir que no solo se trate de seguridad, sino también de educación e inclusión social, de lo contrario, solo sumará más adeptos a la grieta, y muchas menos soluciones a la sociedad.