La Justicia de Jujuy decidió revocar la prisión preventiva en una de las investigaciones, denominada «Megacausa» y aborda el supuesto desvío de fondos públicos. Sobre la dirigente social aún pesan dos condenas apeladas, por lo que continuará con prisión domiciliaria.
El Juzgado Penal Económico de la Provincia de Jujuy ordenó esta mañana ordenó la liberación de Milagro Sala, Gladis Díaz, y Mirta Aizama en el marco de la conocida «Megacausa» pero continuará bajo prisión domiciliaria.
Las tres deberán prestar caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen.
Sala reclamó que le revocaran la prisión domiciliaria en el expediente conocido como “Megacausa”, que investiga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. De las 23 personas que son investigadas en esa causa solo tres todavía permanecían con prisión domiciliaria.
La decisión de cesar con la domiciliaria la tomó el juez Rodolfo Miguel Fernández, magistrado de Control en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración, quien se hizo cargo de la causa luego de que le anterior juez, Isidoro Cruz, fuera declarado incompetente en los primeros días de octubre.
En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el magistrado consideró que su decisión fue un “simple trámite procesal que se da en cualquier proceso”. “Hay un tiempo razonable, que es de dos años, a fin de que una persona sea privada de su libertad para que se investiguen las conductas delictivas que se le atribuyen. Transcurrido ese plazo sin que hubiese sentencia, condenatoria o absolutoria, deberá ser puesto en libertad”, resaltó Fernández.
Sobre la dirigente social pesan dos condenas apeladas; una de ellas causa conocida como «Pibes Villeros» que se encuentra desde el mes de marzo en la Suprema Corte de Justicia y otro en el fuero Federal, que debe resolver la Cámara Federal de Salta por el expediente del 2009, donde fue condenada por atacar al entonces senado y actual gobernador