Por el hacinamiento y la crítica situación que atraviesan las unidades penitenciarias en la provincia, el Ministerio de Seguridad podrá saltear procesos burocráticos para tomar medidas urgentes.
En el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia resolvió declarar la “Emergencia en materia penitenciaria» por el término de tres años. La medida lleva la firma del ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo.
La misma comprende los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas.
A propósito de la emergencia, el Ministerio ordenó conformar una “COMISIÓN DE EMERGENCIA EN MATERIA PENITENCIARIA», la que se integrará con un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial; un representante de la Subsecretaría de Políticas Penales, invitando a participar a un representante del Ministerio de Infraestructura, un representante del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, un representante de la Corte de Justicia de la Provincia, un representante de la Defensoría General del Ministerio Público y un representante de la Procuración General Del Ministerio Publico. La Comisión será presidida por el Representante del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Desde hoy, la comisión dispuesta por Abel Cornejo debe conformarse en 10 días y se deberá reunir una vez al mes durante los tres años.
La comisión deberá analizar la situación actual y la coordinación entre los diferentes órganos del ESTADO PROVINCIAL intervinientes en la materia penitenciaria. A tal efecto deberá: a) proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario; b) proponer mejoras en las condiciones de privación de la libertad; c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables.
Según detalló en la Legislatura el Ministro Cornejo, el servicio penitenciario tiene 2.000 plazas y en esas plazas están alojados entre 3.900 y 4.100 internos, otros 790 se encuentran en comisarias policiales.
A todo esto, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Salta inspeccionó la Unidad Carcelaria 4 e hizo público un lapidario informe sobre la situación de alojamiento de las internas.
El informe puntualizó sobre el hacinamiento, la falta de higiene y alimentación adecuada, retardo en la provisión de medicamentos, escasez de atenciones médicas, odontológicas, psicológicas, psiquiátricas, ausencia de médicos intracarcelarios, excesivo uso de celdas de castigo y/o de aislamiento. Agregó una situación «deplorable y luctuosa» de las condiciones edilicias del penal en cada uno de sus pabellones, «especialmente en el de las internas madres».