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Se define el juicio oral por el Monumento a la Corrupción

Es por los negociados en la represa hidroeléctrica Yacyretá, conocida como el “monumento a la corrupción. Pasaron 31 años y se investigan el destino de 190 millones de dólares.

El juicio oral por la causa de corrupción más antigua del país entra en su etapa final. Se trata de lo que se llamó el “monumento a la corrupción”: es por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá.

El caso cumplirá 31 años en 10 días: comenzó el 14 de octubre de 1989 cuando se presentó la denuncia.

El fiscal federal Abel Córdoba hará el lunes sus alegatos en el juicio contra los tres empresarios que están siendo juzgados.

La semana pasada la querella pidió que sean condenados a cinco y seis años de prisión y luego será el turno de las defensas.

La represa de Yaceyretá, para la generación de energía eléctrica, es la obra civil más grande del país. El complejo une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay.

La obra atravesó a cuatro gobiernos. En 1973, en el tercer mandato de Juan Domingo Perón, se creó con Paraguay el Ente Binacional Yacyretá. Durante la dictadura militar, en 1980, se licitaron las obras que se iniciaron en 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.

Fue el propio Menem quien inmortalizó a Yacyretá como “el momento a la corrupción”. Lo hizo a poco de asumir como presidente, en abril de 1990. Regresaba de un viaje Paraguay y anunció que su intención de suspender por un tiempo las obras. “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”, dijo.

Pero antes de su inauguración ya tenía una causa en tribunales. El 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova denunció que se habían cobrado de manera ilegal el 15% de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa. Lo mismo había ocurrido con el 25% de los neumáticos utilizados en la obra. El fraude total al Estado llegaba a 191.004.275,394 de dólares.

La causa es tan vieja que muchos documentos que recopiló la Justicia están en australes -la moneda que luego fue reemplazada por el peso en 1991- y varios de ellos tuvieron que ir a buscarse a viejos archivos de la administración pública de lo antiguos que eran.

En 2017 el caso fue enviado a juicio oral y el proceso comenzó dos años después. Por el hecho están acusados Guillermo Henin, director de Dicmar SA, Gianfranco Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Robert Ortega, a cargo de las adjudicaciones.

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