El apoderado del Hospital San Bernardo denunció el hecho en 2019 cuando fueron advertidos que una médica que no trabajaba en el nosocomio tenía sellos y recetarios.
Una médica y su pareja serán juzgados por los delitos de falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.
La intervención de la UDEC inició a raíz de una denuncia efectuada por el apoderado legal del Hospital San Bernardo en septiembre de 2019 en la que refirió que una médica, que no trabajaba en el nosocomio, se encontraba en posesión de recetarios oficializados del hospital sin corresponder, con el peligro que ello implica por la fe y la salud pública, además de convertir a la institución en responsable solidario, por los hechos de sus trabajadores.
El apoderado del hospital contó que tomó conocimiento de la situación a través de una nota de la Directora de Medicina Ambulatoria de Salta (MAS) en la que le informaba que la médica emitió el 7 de junio de 2019 un certificado con membrete del hospital a favor de su esposo –y empleado de MAS- para justificar su inasistencia al lugar de trabajo, pero que según le había informado la Dirección de Personal, la médica no trabajaba en el San Bernardo.
Por otra parte, la directora médica de MAS había iniciado un sumario administrativo pues el 19 de abril de 2019, el empleado también había presentado un certificado médico confeccionado por su esposa médica con membrete del Hospital Papa Francisco, pero según había constatado, la mujer no había trabajado ese día en el nosocomio, conforme surge de los datos biométricos de registro de ingreso de personal de ese día y del listado de personas atendidas por dicho establecimiento.
Tras analizar la documentación presentada y requerir informes, la UDEC imputó a la médica y su marido por falsedad de instrumento público (dos hechos) y fraude a la administración publica en grado de tentativa, todo en concurso real.