Fiscal Ricardo Toranzos. Foto: InformateSalta

Imputaron a 18 personas por el cobro indebido del IFE

El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó la imputación de 17 concejales y un funcionario público, por el cobro indebido del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)

En una audiencia, que se desarrolló de forma remota, el titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, Ricardo Toranzos, fue quien expuso los argumentos y elementos de prueba en contra de los acusados, quienes están imputados por el cobro indebido de este beneficio nacional, destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde esa fiscalía se solicitó que los 18 acusados sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público; el fiscal también pidió un embargo de 100 mil pesos, sobre cada uno de los acusados, para cubrir los daños causados y las costas del proceso.

El juez federal de Garantías, Julio Bavio, dispuso formalizar formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, considerando, según fuentes judiciales, que el caso es “sólido y provisto de numerosa prueba documental”. Respecto del embargo, que rechazaron las defensas de todos los acusados, el juez redujo la suma a 60 mil pesos para cada uno, y fijo un plazo de investigación de 90 días.

En la audiencia, que fue supervisada por el juez Bavio, Toranzos reconoció que la investigación se inició a partir de una noticia criminis, la cual fue difundida el 23 de julio y hacía referencia a la investigación de los periodistas de FM Noticias, que puso en evidencia el cobro irregular, o intento de cobro, del IFE por parte de funcionarios públicos, muchos de ellos concejales en funciones de diferentes municipios de Salta.

El fiscal también detalló que una de las medidas de investigación fue solicitar un informe a la ANSeS desde donde se entregó un detallado reporte sobre la totalidad de personas que habían cobrado el beneficio de forma irregular.

Otro de los caminos de investigación realizados por el el área que dirige Toranzos fue la verificación, en las oficinas de la ANSeS, del recorrido virtual que realizaron los sospechosos que se registraron para cobrar el IFE.

Lista de imputados

  1. Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel.
  2. Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril.
  3. Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal.
  4. Maria Del Valle Torres, concejal de Rivadavia banda Norte.
  5. Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta.
  6. Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas.
  7. Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres.
  8. Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo.
  9. Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
  10. Marta Beatriz López, concejal de Orán.
  11. Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa.
  12. Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos.
  13. Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria Oeste.
  14. Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Agauray.
  15. Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco.
  16. Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal.
  17. Hector Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal.
  18. Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal.

Defensa

La defensa de todos los acusados rechazaron el monto del embargo solicitado por el fiscal, porque lo consideraron excesivo, y además fueron quienes solicitaron los 90 días para la investigación, teniendo en cuenta que los acusados, la mayoría, reservaron su posibilidad de declarar para otra etapa del proceso.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que muchos de los acusados informaron que ya restituyeron el dinero que cobraron en concepto de IFE, y al menos uno de ellos (Hosel según trascendió), indicó a través de su abogado defensor que el trámite fue realizado por su expareja, sin que él lo supiera siquiera, y que cuando se dio con la novedad de haber cobrado el IFE decidió comprar mercadería para donarla a un comedor.

Más de la audiencia
El Fiscal señaló que el IFE está dirigido a personas que, a raíz de la pandemia, tienen dificultades para poder cubrir las necesidades de su grupo familiar, y está destinado a personas con ingresos precarios, monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares, entre otras. En este sentido agregó que tanto en el decreto como en su reglamentación desde el Gobierno Nacional explicitaron la responsabilidad del pago del beneficio, como el control por parte de la ANSeS, desde donde se dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, el trámite del mismo y el medio de pago.

Para Toranzos la disposición del beneficio está claro, pero los acusados, incumpliendo con el juramento que hicieron al asumir en la función pública, se aprovecharon de la situación, y en algunos casos cobraron el IFE dos veces.

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