Denuncias contra clínicas y sanatorios privados se hicieron públicas el fin de semana por la falta de atención a personas afiliadas a obra social, y que presentaban síntomas de coronavirus.
La Provincia tomó nota de esta situación y a través de la Fiscalía de Estado presentó un amparo judicial, ya que esta situación genera presión sobre el sector público.
El fiscal de Estado de la Provincia, Agustín Pérez Alsina, presentó una acción de amparo para que las clínicas, sanatorios y hospitales privados tomen todos los recaudos para atender a los pacientes que se presenten con síntomas de la enfermedad coronavirus.
Ante el requerimiento, el juez de Garantías Ignacio Colombo hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que las clínicas, sanatorios y hospitales privados de Salta prioricen la atención de los pacientes con COVID-19, al tiempo de atender las cuestiones médicas esenciales.
Instruye al sistema privado de salud, abstenerse de trasladar automáticamente a los hospitales públicos a pacientes afiliados a obras sociales con síntomas compatibles con coronavirus.
Al advertir la recurrencia de estas situaciones, el Gobierno presentó este pedido ante la Justicia para evitar la congestión innecesaria en el sector público.
El Juez de Garantías tomó la decisión de hacer lugar a la medida cautelar, en el marco de la obligación constitucional que tienen los poderes estatales de realizar acciones positivas para la protección de la salud y la vida de los habitantes y residentes en la provincia de Salta en un marco de “igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales”, incluidos en la Constitución Nacional, como también de cuidar “la salud física, mental y social de las personas y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades”